17 de abril de 2024

A FAVOR DEL RESPETO DE LA DIVISIÓN DE PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL

María Isabel Herrera Covarrubias, presidenta de la asociación, señaló que la propuesta de reforma busca incentivar la elección popular de ministros, magistrados y jueces en nuestro país y desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. 

Tijuana BC 1 de abril de 2024.-En asamblea La Barra de Abogadas «María Sandoval de Zarco» hizo el siguiente pronunciamiento con relación a la iniciativa de reforma de los artículos 17, 20, 94, 95, 97,98,100,101,105,107,110,111,116,122 de la Constitución.

María Isabel Herrera Covarrubias, presidenta de la asociación, señaló que la propuesta de reforma busca incentivar la elección popular de ministros, magistrados y jueces en nuestro país y desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. 
«En primer lugar, como conocedoras del derecho, desde un punto de vista técnico y estudiada al respecto, la reforma presentada por el Ejecutivo federal , observamos que va en contra de la división de poderes de Montesquieu, del equilibrio que existe entre la función del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo cual genera inestabilidad e incertidumbre en la independencia y autonomía del Poder Judicial. 
Ahora bien, el dejar en manos del voto popular con diversas visiones la elección a ministros, magistrados y jueces, desaparece el concepto de la carrera judicial, sin dejar claro que debemos entender por esas visiones de diferentes. Aunado a que   el poder judicial no se puede construir a través de procedimientos democráticos imprecisos, pues quienes se encuentran impartiendo justicia son personas que tienen conocimientos en la ciencia del derecho,  capacitadas, en constante actualización y revisión por parte del Consejo de la Judicatura Federal, quienes supervisan su cabal cumplimento en las esferas de la imparcialidad y ética»,  manifestó.
Cuestionó en cómo se pretende auxiliar en la impartición de justicia, sin tener  exacta claridad en quiénes deben vigilar las acciones de estos servidores o en que quienes los hagan no tengan la trayectoria y conocimiento diario en lo jurídico como en lo propiamente administrativo y desde luego en el trabajo diario, de justiciables, abogados litigantes, y los propios funcionarios que integran el Poder Judicial. 
Actualmente, añadió, el método de designación de los jueces apoya a que estos estén lejos de la parcialidad, de las presiones políticas, brindándoles mayor independencia a sus resoluciones. Además, dijo que su designación es por medio del voto indirecto de los ciudadanos, ya que es el Presidente Electo por voto popular quien designa a los Ministros de la Corte, con la aprobación de las dos terceras partes del Senado de la República, lo cual es acorde a lo establecido por el artículo 92 de nuestra Carta Magna.
«Suponiendo sin conceder que ello pasaría, estaríamos en el escenario de que los posibles candidatos hicieran una serie de gastos innecesarios, para hacer campañas para lograr la captación de votos, lo cual lejos de la persuasión y convencimiento a la gente, no podríamos percatarnos de la capacidad del perfil de las personas designadas, a diferencia, de la profesionalización, la actualización constante, la honradez, honestidad, transparencia que lleva consigo la carrera judicial.
Por un lado la propuesta de reforma también incluye que los juicios deben tener una duración de seis meses para resolverse, cuando sabemos que la realidad en la que vivimos, y el sistema de justicia se encuentra colapsado por diversas razones, a la falta de inversión en el Poder Judicial, no contamos con la infraestructura en todo el país de un sistema digital de audiencias virtuales, suficientes jueces, a la cantidad de población que tenemos en México, pretende nuestro Presidente hacer funcionar un sistema judicial como si fuese el de hace 166 años, no es comparable, una reforma no va a cambiar, la infraestructura si es una inversión y elemento clave  que el ejecutivo puede apostarle, y seguramente rendirá frutos en favor de los justiciables , y a todas las personas que formamos parte  este país», indicó. 
Herrera Covarrubias, agregó que además existen otras herramientas jurídicas que deben permear como política pública, haciendo uso de los medios alternativos de solución de conflictos para crear culturas de paz y no utilizar el sistema judicial como primera alternativa para resolver controversias, a diferencia de la mediación y la justicia restaurativa que son extraordinariamente efectivas, y desde luego medibles para su comprobación
Argumentó que esta reforma incluye la creación de un  Tribunal Disciplinario, y cuestionó la necesidad de su construcción cuando ya se cuenta con un Consejo de la Judicatura Federal. 
Opinó que cambiarle el nombre, no genera cambios, y que lo que generan los cambios es basarse en indicadores que construyan políticas públicas, a fin de detectar qué herramientas son perfectibles para construir bases más sólidas en la carrera judicial y no así generar confusión a la ciudadanía. 
«Concluimos que el Poder Judicial o cualquier autoridad administrativa relacionada con la resolución de conflictos debe ser competente, legítima e 
independiente, sus resoluciones razonadas y fundadas en derecho, de acuerdo al bien común y con la autonomía suficiente para poder ejercer la justicia para todas y todos, sin distinción alguna por una cuestión de discriminación; autoridades que deben estar relacionadas con la carrera judicial y no con el voto popular impreciso que cita esta iniciativa de reforma. 
Observándose  que una propuesta legislativa  debe ser mayormente estudiada a la luz de la división de poderes, autonomía de estos, buscando el fortalecimiento de infraestructura y capacitación constante de las y los servidores públicos; utilizando herramientas los procesos de paz,  la mediación y conciliación, como caminos de una justicia más pronta y expedida. Y no en procesos de designación imprecisos, tendientes a que  los Ministros realicen  sus propias campañas, generando compromiso con sus patrocinadores,  para obtener votos, lejos de los principios de imparcialidad que debe prevalecer en el acceso a la justicia. Lo cual consideramos va en contra de los intereses de las y los mexicanos.
Por lo tanto,  la impartición de justicia es un pilar de la democracia mexicana que se construye cada día, y que debe estar en constante perfeccionamiento bajo la premisa de la dignidad humana y una verdadera  inclusión de los que somos parte del engranaje de la Impartición de Justicia,   las y los expertos del  Derecho que estamos en constante estudio y aplicación de la ciencia jurídica, y que podemos coadyuvar para tener un mejor país, más allá de  intereses particulares  o de buenas intenciones», concluyó.