Radiografía Política – El Congreso Más Caro de México… y Sus Oscuros Privilegios

El Congreso de Baja California se ha convertido en el más caro de todo México, según datos presentados recientemente por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Cada diputado local le cuesta a los ciudadanos bajacalifornianos 34.9 millones de pesos al año, una cifra que duplica con creces el promedio nacional de 16.8 millones de pesos por legislador y que contrasta dramáticamente con el estado más económico, Colima, donde el costo por diputado es de apenas 5.2 millones de pesos.

Esta revelación, expuesta en el contexto de la defensa de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pone en evidencia una desproporción alarmante en el gasto legislativo estatal. Mientras el Congreso de BC devora recursos equivalentes a casi siete veces más que en entidades con menor población o menor complejidad geográfica, la entidad enfrenta carencias crónicas en salud, educación, agua potable y seguridad pública —áreas donde cada peso cuenta.

Pero el derroche no es el único problema: el Congreso de Baja California ha estado envuelto en una serie de escándalos que erosionan su credibilidad y cuestionan su integridad. En enero de 2026, la diputada morenista Alejandra Ang Hernández fue retenida en la garita de San Ysidro, Estados Unidos, por no declarar 800 mil pesos en efectivo, un incidente que desató peticiones de destitución por parte de la oposición y generó sospechas de irregularidades financieras.

Este caso se suma a otros como el de la interrupción de sesiones por residentes del Maclovio Rojas, quienes irrumpieron en el pleno en febrero de 2026 acusando fraudes y corrupción en la regularización de predios, exigiendo intervención legislativa ante presuntos engaños en documentos oficiales.

Además, persisten denuncias históricas de corrupción inmobiliaria, como la iniciativa presentada por el diputado Jaime Cantón para tipificar este delito, reconociendo un problema endémico en la entidad.

No olvidemos el «Bonillazo» de 2019, cuando el Congreso extendió el mandato del gobernador de dos a cinco años en un acto calificado como «corrupción política» por críticos y opositores.

En medio de estos turbios episodios, destaca el caso del diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y figura clave en Morena. En febrero de 2026, un espectacular colocado en Mexicali por el grupo «Cachanillas Unidos contra la Corrupción» cuestionó públicamente por qué Molina cuenta con tres escoltas pagados con recursos públicos desde hace 17 años, con un costo mensual promedio de 120 mil pesos.

Según la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante —también de Morena—, esta protección se justifica porque el Gobierno del Estado considera que el diputado se encuentra en una «situación de riesgo», basada en un supuesto análisis de amenazas.

Sin embargo, Molina ha rechazado explicar detalles del esquema de seguridad, argumentando que no es necesario dar cuentas públicas sobre el tema. Críticos señalan que esta asignación data de 2009, cuando inició su carrera como diputado, y cuestionan si realmente existe un riesgo justificado o si se trata de un privilegio injustificado que infla aún más los costos del Congreso.

¿Qué justifica este derroche y estos escándalos? Baja California no cuenta con un número extraordinario de diputados (25, similar a muchos estados), ni con una productividad legislativa que destaque a nivel nacional.

Al contrario, informes históricos del IMCO y del INEGI han señalado repetidamente al Congreso local como uno de los menos eficientes en términos de iniciativas aprobadas, sesiones efectivas y resultados concretos para la ciudadanía.

El alto costo parece alimentarse más de sueldos elevados, bonos, asesores, viáticos, dietas, gastos operativos inflados —y ahora, escoltas cuestionadas— que de un trabajo legislativo de calidad.

Lo más paradójico —y preocupante— es que estos problemas provienen del mismo partido que gobierna tanto el estado como la mayoría en el Congreso local. Morena controla el Poder Legislativo en Baja California desde 2021, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila pertenece al mismo instituto político.

Que sea la dirigencia nacional de Morena la que exponga la realidad del costo excesivo, mientras en el estado se acumulan escándalos como el de Ang o las denuncias contra Molina, evidencia una contradicción interna y una falta de autocrítica en el manejo de los recursos públicos.

En un contexto donde el gobierno federal promueve la austeridad y la racionalización del gasto público, resulta insostenible que el Congreso de BC siga siendo un lujo que los bajacalifornianos no pueden —ni deben— pagar, especialmente cuando escándalos como el de las escoltas de Molina o el dinero no declarado de Ang sugieren un uso opaco de fondos.

Es hora de preguntas serias: ¿por qué un Congreso con mayoría morenista permite este nivel de dispendio y corrupción aparente? ¿Cuántos hospitales, escuelas o plantas potabilizadoras se podrían construir con los recursos que se desvían a privilegios legislativos y protecciones dudosas? Y, sobre todo, ¿cuándo veremos una reforma real en BC que reduzca el costo por diputado a niveles razonables, investigue estos escándalos y elimine privilegios injustificados, en lugar de solo señalarlo desde la Ciudad de México?

La ciudadanía de Baja California, merece un Poder Legislativo austero, eficiente y al servicio de la gente, no un club de élite que cuesta fortunas mientras el estado arrastra rezagos estructurales y acumula controversias.

El señalamiento de Luisa Alcalde no es solo una gráfica: es un llamado de atención urgente que no puede seguir siendo ignorado, especialmente con escándalos frescos que manchan la imagen de la institución.

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