Punto Crítico – Democracia en clave festiva

Hay decisiones públicas que se juzgan desde la contabilidad y otras que se miden desde la sensibilidad política. El anuncio de un concierto gratuito de Carin León en Baja California, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa federal de la Secretaría de Cultura para promover la cohesión social y alejar a los jóvenes de la delincuencia, ha sido leído por algunos como una operación cosmética para aliviar el desgaste del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. No es una sospecha ingenua; la política conoce bien el poder de la fiesta como instrumento de legitimación. Pero reducir el fenómeno a propaganda sería cómodo, quizá demasiado cómodo. Porque lo que está en juego no es solo la intención del gobierno, sino la naturaleza misma de nuestra democracia y el tipo de ciudadanía que ejercemos cuando el Estado nos convoca a celebrar.

La democracia contemporánea no es únicamente un sistema de reglas, contrapesos y procedimientos electorales; es también una construcción emocional permanente. Gobiernos electos necesitan aprobación constante y, en esa lógica, el espacio público se convierte en escenario. No lo digo desde la oposición, lo digo desde la advertencia estratégica: el poder entiende que la cohesión social no siempre se logra con reformas técnicas, sino con experiencias compartidas. El problema aparece cuando la experiencia sustituye a la deliberación, cuando el aplauso reemplaza la exigencia. Una sociedad puede cantar y, al mismo tiempo, cuestionar. Pero esa simultaneidad exige madurez cívica y, lamentablemente, esa virtud no se improvisa.

En este punto conviene recordar a John Stuart Mill y su distinción entre placeres altos y bajos. Mill no despreció los segundos; simplemente sostuvo que existen formas de satisfacción que expanden más plenamente nuestras capacidades racionales y morales. Es por ello que, la pregunta incómoda no es si un concierto popular es legítimo —claro que lo es—, sino ¿qué lugar ocupan en la agenda pública las expresiones culturales que fortalecen el juicio crítico? La ópera convoca a pocos; la música regional a miles. No obstante, me pregunto: ¿Debería el gobierno promover aquello que llena plazas o aquello que forma criterio? En la práctica, casi siempre elige lo primero, porque la política opera con métricas de asistencia y no con indicadores de profundidad intelectual.

Empero, también sería injusto exigir al Estado una pedagogía cultural que ignore la diversidad de gustos. El constitucionalismo liberal protege libertades, no jerarquías estéticas. El espacio público pertenece tanto al que disfruta una aria como al que corea un éxito del regional mexicano. La cuestión no es moralizar el gusto popular, sino asegurar que el gasto sea transparente, que no se comprometan recursos esenciales y que el espectáculo no sustituya políticas estructurales. Si esas condiciones se cumplen, el concierto es convivencia democrática. Si no, es distracción y esa no es cualquier diferencia.

Tal vez lo más revelador no sea el evento en sí, sino nuestra reacción colectiva. Nos indignamos por la fiesta, pero toleramos la opacidad presupuestal cotidiana. Nos preocupa el canto, pero no siempre el contrato. La democracia festiva puede deslizarse hacia el desorden; también puede ser una expresión legítima de comunidad.

La tensión está ahí, abierta. La cuestión es si sabremos habitarla con criterio o si preferiremos delegar incluso nuestra capacidad de discernir entre el aplauso y la rendición de cuentas. Ahí empieza el verdadero debate, desafortunadamente, supongo que para todos nosostros, no se resuelve con otra canción.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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