Punto Crítico – La hoguera con wifi

Toda civilización se mide por aquello que se prohíbe a sí misma. La nuestra tardó siglos en prohibirse algo que hoy damos por evidente y que entonces fue una herejía: condenar a un hombre antes de escucharlo. La presunción de inocencia no nació como técnica jurídica, sino como una renuncia. La renuncia de la comunidad a su impulso más antiguo, que es señalar a uno y descargar sobre él la tensión de todos. Detrás de esa garantía hay una intuición que costó hogueras comprender: que la verdad no se decide por el número de voces que la afirman, y que entre la sospecha y el castigo debe interponerse algo que no es el clamor, sino la prueba. Ese intervalo, ese espacio donde el acusado todavía no es culpable, es la frontera más delgada entre la justicia y la turba.

Esa frontera se está borrando sin que nadie haya derogado una ley. No hace falta reformar nada cuando el castigo migra de los tribunales a las pantallas. La sentencia ya no la firma un juez; la pronuncia una multitud que no delibera, que no escucha descargos, que no concede la última palabra al señalado porque el señalado nunca supo a tiempo que estaba siendo juzgado. El veredicto se ejecuta antes del proceso, y cuando la víctima alcanza a defenderse, el expediente ya se archivó en la indiferencia del siguiente escándalo. Hemos construido un tribunal perfecto, en el sentido en que lo serían los peores: uno donde la acusación y la condena son el mismo acto.

Conviene desconfiar de las explicaciones que hoy se ofrecen para este fenómeno. Se ha vuelto costumbre describir la conducta de quien participa en una campaña de descrédito como un mecanismo psicológico, casi un acto involuntario: sesgo de grupo, contagio emocional, ese miedo ancestral a quedar fuera de la manada. La descripción no es falsa, pero cumple una función sospechosa. Convierte una decisión en un reflejo, y al hacerlo, absuelve. Si linchar es un impulso del cerebro y no una elección de la persona, entonces nadie es responsable, porque todos seríamos, en el fondo, víctimas de nuestra propia biología. Es la coartada más elegante jamás diseñada: la que disuelve la culpa repartiéndola entre millones.

Pero la responsabilidad no se evapora porque sea incómoda. Entre el estímulo y la acción, en el ser humano, hay siempre un intervalo, y en ese intervalo habita lo único que nos distingue de la jauría: la posibilidad de detenernos a preguntar si lo que vamos a hacer es justo. Quien difunde una acusación que no verificó no obedeció a su neurología; renunció a su juicio. Decidió que la voz del grupo le ahorraba el trabajo de pensar. Y esa renuncia, repetida en silencio por miles de personas que se creen espectadoras inocentes, es lo que transforma un rumor en una condena social. La crueldad de las multitudes nunca fue obra de la multitud, sino de cada uno de los que la componen creyéndose disueltos en ella.

Hay además un dato que la lectura psicológica deja convenientemente en penumbra, y es el del poder. Las campañas de destrucción de la reputación ajena rara vez son espontáneas. Tienen origen, tienen método y, sobre todo, tienen beneficiario. Alguien decide qué versión circula primero, en qué círculo se siembra, con qué palabra exacta se nombra al adversario. La indignación de la masa no surge sola: se cultiva. Y quien la cultiva sabe que no necesita ensuciarse las manos, porque habrá miles dispuestos a hacerlo gratis, convencidos de obrar por convicción cuando apenas están sirviendo a un cálculo que no alcanzan a ver. Lo que se presenta como furia ciudadana es, muchas veces, una operación con autor. La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre la política y su falsificación.

Quien escribe estas líneas conoce el asunto desde dentro, no como teoría sino como experiencia, y precisamente por eso se niega a tratarlo como anécdota. Lo que importa no es quién ocupó el lugar del acusado, sino lo que ese lugar revela: que la calumnia viaja con una velocidad que ninguna verdad puede igualar, y que para cuando la rectificación llega, ya no queda a quién corregir, porque el público se mudó de juicio. Desde esa certeza puede afirmarse algo que ninguna explicación complaciente reconoce. El daño no lo causa un mecanismo abstracto. Lo causan decisiones concretas, tomadas por personas concretas, que pudieron detenerse y eligieron no hacerlo.

Es aquí donde la libertad de expresión, invocada tantas veces como salvoconducto, exige ser entendida con seriedad. Ese derecho es el oxígeno de toda sociedad libre, y nada de lo dicho pretende estrecharlo. Pero ningún derecho fue concebido para devorar a los demás. La libertad de criticar al poder, de incomodar a quien gobierna, de disentir en voz alta, no es ni ha sido nunca la libertad de aniquilar el nombre de una persona sin una sola prueba. Confundir ambas cosas no es defender la libertad: es prostituirla, usarla de máscara para ejercer una violencia que, cometida desde la autoridad, llamaríamos abuso sin dudarlo un instante. El que destruye amparado en su derecho a opinar no ejerce una libertad; ejerce una impunidad.

Queda, por último, la ilusión que sostiene todo el edificio: la creencia de que la distancia de la pantalla equivale a invisibilidad. No es así. El medio que parece disolver al individuo en la masa es, en realidad, el que mejor conserva su rastro. Quien amplifica una infamia no desaparece en el anonimato del número; deja su firma en un registro que sobrevive a su entusiasmo. La multitud que condena cree no responder por nada, ampararse en el todos lo hicieron que ha justificado las peores cosas. Se equivoca. En el tribunal que no existe no hay jueces, pero hay actos, y cada acto conserva el nombre de quien lo cometió, aunque ese nombre crea haberse perdido entre los demás.

La presunción de inocencia, al final, no se defiende en los códigos ni en las salas de los tribunales. Se defiende en un lugar mucho más modesto y mucho más decisivo: el instante privado en que alguien recibe una acusación y debe elegir entre creerla o examinarla, entre sumarse al coro o sostener su propio criterio. En ese gesto diminuto, multiplicado por millones cada día, se juega la pregunta que define a una época. Si seguimos siendo herederos de aquella renuncia civilizatoria que exige pruebas antes de condenar, o si, con mejores herramientas y peor memoria, hemos regresado a la lógica de la hoguera, donde bastaba que alguien gritara para que la leña hiciera el resto.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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