La Corte del Acordeón: Hugo Aguilar y su Ejército de 97 Asesores

Tijuana BC 23 de septiembre de 2025.-En un México donde la austeridad republicana se ha convertido en mantra oficial de la Cuarta Transformación (4T), el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, irrumpe con un equipo que parece sacado de una novela distópica: 97 asesores que devoran más de seis millones de pesos mensuales del erario público.

Lo que en la era de Norma Piña Hernández se resolvía con apenas seis colaboradores, ahora se multiplica por 16, desatando un vendaval de críticas que cuestionan no solo la eficiencia, sino la verdadera vocación de esta «nueva Corte»: ¿justicia para el pueblo o un festín para los afines al poder?

Aguilar Ortiz, el abogado mixteco de 52 años que ascendió al máximo cargo judicial tras la controvertida elección popular de junio de 2025, prometió una SCJN «austera, cercana y al servicio de los más vulnerables».

Su trayectoria como defensor de derechos indígenas –desde su rol en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los 90 hasta litigios por reformas culturales en Oaxaca– lo posicionó como un símbolo de cambio.

Sin embargo, apenas un mes después de asumir el cargo el 1 de septiembre, el velo de la transparencia revela una estructura hinchada que huele a cuotas políticas y nepotismo. Según el directorio oficial de la SCJN, los 97 asesores se dividen en 60 para la ponencia presidencial (encargados de redactar proyectos de resolución), nueve en la Oficina de la Presidencia y 28 en la Coordinación General de Asesores.

El costo total: seis millones 58 mil pesos al mes, equivalentes a un sueldo neto promedio de unos 62 mil pesos por cabeza, en un país donde el salario mínimo apenas ronda los siete mil pesos.

Políticamente, esta nómina descomunal se lee como un guiño descarado al Ejecutivo federal. Aguilar, cercano a la 4T desde su candidatura respaldada por Morena, ha reiterado que la Corte «no disputará el poder al Ejecutivo», alineándose con la agenda de Claudia Sheinbaum.

Críticos como el periodista Jorge García Orozco, de la revista Emequis, denuncian que entre los asesores figuran figuras con deudas pendientes con el gobierno: Vidulfo Rosales Sierra, el exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien cobra 118 mil pesos netos mensuales como secretario de Estudio y Cuenta. Rosales, marcado por filtraciones de audios que lo vinculan a protestas contra Sheinbaum en 2024 –acusado directamente por Andrés Manuel López Obrador de orquestarlas–, abandona el activismo para sumarse al establishment que alguna vez combatió.

Otro nombre que levanta cejas: Daniel Wong Ibarra, con un sueldo de 97 mil pesos, ligado a la Iglesia de La Luz del Mundo, cuya cúpula enfrenta cargos por tráfico sexual en Estados Unidos. ¿Meritocracia o recompensa por lealtades?

El espectro del nepotismo acecha. Reportes periodísticos apuntan a familiares de pesos pesados como Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, infiltrados en el equipo, lo que transforma la SCJN en un botín partidista.

«Es la Corte del Acordeón», ironiza en redes sociales, aludiendo a las votaciones «acordeón» que catapultaron a Aguilar. Otro resume el escándalo: «De 6 a 97 asesores: la SCJN multiplica por 16 su nómina bajo Hugo Aguilar. ¿Quién paga la fiesta? Todos los mexicanos».

En las redes, el hastío es palpable: memes comparan a los asesores con «minions» de Aguilar, y hashtags como #AusteridadFalsa y #SCJNDelBienestar –un guiño sarcástico a la elección popular– acumulan miles de interacciones.

Desde la óptica social, el contraste es obsceno. México arrastra 46 millones de personas en pobreza, con sistemas de salud colapsados y educación en crisis, mientras Aguilar –defensor histórico de pueblos originarios– despilfarra en un aparato burocrático que prioriza la lealtad sobre la justicia.

¿Cómo justificar 97 sueldos jugosos cuando comunidades indígenas como las de Oaxaca, que Aguilar representó en litigios pasados, luchan por agua y tierra? Analistas advierten que esta opulencia erosiona la confianza en el Poder Judicial reformado: «Si la austeridad era el estandarte contra la corrupción, esto la convierte en farsa», opina Orquídea Fong, periodista de Etcetera, quien detalla en X que el equipo real podría ascender a 105 personas.

Ante el escrutinio, Aguilar se limitó a prometer «explicaciones pronto», pero el daño está hecho. En una nación polarizada, donde la reforma judicial se vendió como democratización, este debut presidencial pinta un panorama sombrío: una Corte no renovada, sino capturada.

Si Aguilar aspira a ser el guardián de los derechos indígenas y sociales, deberá empezar por podar su propio jardín. De lo contrario, la «justicia del pueblo» podría reducirse a un eco vacío en los pasillos de Pino Suárez.