Ruffo Appel: ¿Del prestigio político al escándalo del huachicol?

Tijuana BC 10 de septiembre de 2025.-Ernesto Ruffo Appel, figura histórica del Partido Acción Nacional (PAN) y primer gobernador de oposición en México, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado como socio mayoritario de Ingemar, S.A. de C.V., una empresa vinculada al megadecomiso de 15 millones de litros de combustible ilícito en Coahuila el pasado 7 de julio de 2025.

Este caso, que ha desatado una ola de especulaciones y acusaciones, plantea serias dudas sobre la transparencia de las operaciones de Ruffo en el sector energético y su relación con el llamado «huachicol fiscal». ¿Es este un caso de persecución política o un reflejo de las fisuras en la lucha contra la corrupción en México?

El contexto: un decomiso histórico y una investigación en curso

El 7 de julio de 2025, las autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

Este decomiso, el mayor en la administración de Claudia Sheinbaum, puso en la mira a Ingemar, una empresa en la que Ruffo Appel ostenta el rol de socio mayoritario desde octubre de 2021.

Según investigaciones, Ingemar habría incurrido en prácticas de contrabando de combustibles, importando gasolina y diésel desde Estados Unidos bajo esquemas fraudulentos, a pesar de contar con permisos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó el 8 de septiembre que las indagatorias federales incluyen a un exgobernador panista, aunque sin mencionar directamente a Ruffo.

Sin embargo, diversos medios, han señalado al exmandatario como uno de los principales implicados, con reportes de una supuesta orden de aprehensión emitida por la FGR contra él y más de 200 personas, incluyendo empresarios, militares y funcionarios de aduanas.

Curiosamente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desmintió el 9 de septiembre la existencia de dicha orden contra Ruffo, generando confusión y alimentando las sospechas de un manejo político del caso.

La defensa de Ruffo: ¿transparencia o cortina de humo?

Ruffo Appel ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando que Ingemar opera con total legalidad y que su rol se limita a la importación de combustibles, mientras que la comercialización recae en empresas como Crismón Hidrocarburos y Derivados.

En entrevistas con medios de comunicación, el exgobernador afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades y poner a disposición toda la documentación de la empresa, avalada, según él, por la Aduana, el SAT y la Secretaría de Energía.

“Absolutamente, tengo la conciencia tranquila”, declaró el 24 de julio, insistiendo en que el combustible decomisado no pertenece a Ingemar, sino que su empresa actúa únicamente como intermediaria en el proceso de importación.

No obstante, estas afirmaciones chocan con las acusaciones de Ricardo Thompson, fundador de Ingemar, quien denunció que Ruffo y otro socio, José Merino Valdés Cuervo, lo despojaron de sus acciones mediante maniobras ilegales, reduciendo su participación y la de su hijo al 1%.

Este conflicto interno, sumado a la vinculación de Ingemar con el decomiso en Coahuila, plantea interrogantes sobre la gestión y los verdaderos alcances de la empresa en el mercado energético.

Si Ingemar opera con transparencia, como asegura Ruffo, ¿por qué las autoridades federales han señalado irregularidades en sus importaciones? Y más aún, ¿cómo una empresa que en 2018 se dedicaba al sector inmobiliario logró en pocos años permisos para importar 500 millones de litros de combustible?

Un trasfondo político: ¿persecución o justicia?

El caso de Ruffo Appel no puede desvincularse del contexto político. Como figura icónica del PAN, su nombre lleva el peso de haber roto con 60 años de hegemonía priista en Baja California en 1989.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. En 2017, el expresidente Felipe Calderón lo acusó de tener nexos con el cártel de los Arellano Félix, una imputación que Ruffo siempre ha rechazado.

Ahora, su vinculación con el huachicol fiscal coincide con un momento de tensión política, donde el PAN y Morena libran una batalla por el control de Baja California y el discurso anticorrupción.

Ruffo ha aprovechado el escándalo para cuestionar la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena, afirmando que “la república está deshecha” y que las acusaciones en su contra son una “campaña de desprestigio”.

Esta narrativa no es nueva: políticos señalados por corrupción suelen recurrir al argumento de la persecución política para desviar la atención. Sin embargo, la magnitud del decomiso y la participación de múltiples actores en la red de huachicol fiscal sugieren que el caso va más allá de una simple vendetta política.

La triangulación de combustibles con empresas estadounidenses y posibles nexos con cárteles, como el caso de Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, vinculado a Los Zetas, añaden una capa de complejidad que no puede ignorarse.

Las preguntas sin respuesta

El caso Ruffo Appel deja más preguntas que certezas. ¿Cómo una empresa con antecedentes en bienes raíces incursionó tan rápidamente en el mercado de hidrocarburos? ¿Por qué las autoridades han encontrado irregularidades en las importaciones de Ingemar si, según Ruffo, todo está en regla? ¿Es posible que un político de su experiencia haya sido ajeno a las operaciones de una empresa en la que es socio mayoritario? Y, sobre todo, ¿qué papel juega la politización del caso en la narrativa de la lucha contra el huachicol?

Mientras las investigaciones avanzan, el legado de Ernesto Ruffo Appel, alguna vez símbolo de la alternancia democrática, queda empañado por un escándalo que podría redefinir su lugar en la historia política de México.

La sociedad exige claridad, no solo sobre su presunta responsabilidad, sino sobre un sistema que permite que el huachicol fiscal prospere bajo la complacencia de autoridades y empresarios. La justicia, si es imparcial, deberá hablar con hechos, no con especulaciones.