Radiografía Política – ¿pacto político o narco-estado?

En la geografía del crimen en México, la Sierra Tarahumara ha sido durante décadas un territorio donde las leyes de la República se desvanecen ante el imperio de las armas y la amapola. Sin embargo, los informes que hoy emergen desde las propias entrañas de la inteligencia federal revelan una frontera aún más peligrosa: la línea donde la política de alto nivel y el crimen organizado estrechan la mano.

De acuerdo con un reporte federal de inteligencia, a principios de 2024 —en pleno año electoral y bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador— se llevó a cabo una reunión secreta en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. De un lado de la mesa estaba Ariadna Montiel Reyes, entonces titular de la Secretaría del Bienestar y hoy dirigente nacional de Morena. Del otro, Aureliano Guzmán Loera, alias «El Guano», líder de una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa y hermano del célebre narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, Héctor de Mauleón redacta hoy en su columna

Según las fuentes de seguridad citadas en el informe, en el encuentro habría estado presente también Juan Carlos Loera, exdelegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua. El objetivo central del cónclave no era menor: negociar el respaldo operativo y electoral de grupos armados —específicamente la célula de Los Salgueiro— a favor de los candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

¿A cambio de qué? Según la documentación citada, el costo del favor electoral implicaba la cesión del control territorial de un corredor clave de trasiego que abarca desde La Tuna, Sinaloa, hasta Moris, Chihuahua. Es decir, institucionalizar la entrega de la soberanía a cambio de votos.

La revelación ocurre en el marco de una serie de señalamientos cruzados. Recientemente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó públicamente a Ariadna Montiel de mantener vínculos con el crimen organizado, asegurando que el tema fue expuesto directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Montiel ha salido al paso exigiendo derecho de réplica, calificando las acusaciones como una «infamia y calumnia» sin sustento, y retando a que se presenten pruebas formales ante la Fiscalía. En una respuesta en bloque, mandatarios estatales del partido oficialista firmaron desplegados de respaldo a su dirigencia, cerrando filas frente a lo que tildan de una embestida mediática.

El problema de este escándalo no estriba solo en la veracidad absoluta del reporte —el cual la dirigencia oficialista niega categóricamente—, sino en el inquietante patrón de impunidad y opacidad que envuelve la relación entre programas sociales y territorios bajo control del narcotráfico.

No es la primera vez que la sombra de la duda rodea a la administración de los fondos sociales: Montiel ya arrastraba señalamientos por presuntas irregularidades presupuestales presentadas en su momento ante la Fiscalía Anticorrupción, así como cuestionamientos por transacciones inmobiliarias a precios irrisorios en zonas de influencia del estado.

Por otro lado, Ariadna Montiel no es la primera mujer de MORENA señalada de trabajar con el crimen organizado. En su más reciente visita respaldó a Julieta Ramírez, quien también es señalada de hacer tratos con el crimen organizado. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar, Araceli Brown e incluso la actual presidenta de Rosarito Rocio Adame  han sido acusadas o señaladas, tanto por autoridades americanas como mexicanas, de trabajar o brindar información al crimen organizado.

Si la inteligencia federal documentó una reunión entre la encargada de la política social del país y un fugitivo internacional por quien EE. UU. ofrece millones de dólares, la pregunta de fondo es destructiva: ¿quién gobierna realmente las zonas marginadas del país? Mientras las autoridades se enfrascan en guerras de declaraciones y desmentidos mediáticos, las denuncias de injerencia criminal en los procesos democráticos dejan de ser una sospecha opositora para convertirse en un expediente oficial. La democracia mexicana no solo parece estar cediendo terreno; en las montañas de la Sierra Tarahumara, podría haber negociado su rendición.

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Porque en política la opacidad es el verdadero negocio. Nosotros la rompemos.

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