Radiografía Política – Michoacán, el Narco-Estado que Sheinbaum Abandona a su Suerte
Radiografía Política - Michoacán, el Narco-Estado que Sheinbaum Abandona a su Suerte

En las calles empedradas de Uruapan, cuna de la violencia que devora a México, el cuerpo sin vida de Carlos Manzo, alcalde de esta ciudad, yace como un recordatorio brutal de la impotencia del Estado.
Asesinado a balazos en pleno centro de la urbe, en un atentado que huele a ejecución cartelera, Manzo se convierte en la víctima más reciente de un ciclo de terror que el gobierno de Claudia Sheinbaum parece incapaz –o peor, indiferente– de romper.
¿Cuántos más? ¿Cuántos alcaldes, periodistas y campesinos deben caer para que la presidenta admita que su «nueva esperanza» es solo un espejismo en un país ahogado en sangre?
El homicidio de Manzo no es un hecho aislado; es el pulso de un Michoacán convertido en narco-estado, donde los cárteles de Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación dictan la ley con plomo y limón.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado tibio prometiendo «investigación exhaustiva», pero en un estado donde el 95% de los homicidios quedan en la impunidad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esas palabras suenan a eco vacío.
Bajo el mandato de Sheinbaum, que asumió el poder hace poco más de un año con un discurso de «transformación profunda» heredado de López Obrador, la violencia en Michoacán no solo persiste: se agrava.
En los primeros nueve meses de 2025, el estado ha registrado 1.248 homicidios dolosos, un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el SESNSP.
Uruapan, epicentro de la disputa por el control de rutas de fentanilo y plantíos de aguacate, suma 187 carpetas de investigación por homicidio en lo que va del año.
¿La respuesta del gobierno? Planes de «reconstrucción del tejido social» que se diluyen en burocracia, y un despliegue de la Guardia Nacional que patrulla de día pero desaparece al caer la noche, dejando al pueblo a merced de extorsiones, secuestros y balaceras.
La crítica es inevitable: Sheinbaum, ingeniera de profesión y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, prometió una «paz sustentable» sin militarización excesiva.
Sin embargo, su administración ha profundizado la dependencia de las Fuerzas Armadas, con más de 140 mil elementos desplegados en operaciones que no frenan el avance de los cárteles.
En Michoacán, donde el crimen organizado controla el 70% de la producción de aguacate –según estimaciones de la Alianza del Aguacate–, las autoridades locales están rebasadas en todos los ámbitos: la policía municipal, subarmada y subentrenada, reporta deserciones masivas por amenazas; los jueces federales acumulan expedientes que nunca llegan a juicio; y el presupuesto para inteligencia contra el narco se evapora en opacidad, con auditorías del INAI revelando desvíos millonarios en la Secretaría de Seguridad.
Este no es un fracaso aislado del gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, un morenista leal que ya enfrenta acusaciones de colusión con el crimen.
Es el colapso sistémico de un régimen federal que prioriza la retórica sobre la acción. Sheinbaum, en su último informe de labores, dedicó apenas un párrafo a la inseguridad en Michoacán, enfocándose en «logros macroeconómicos» mientras familias como la de Manzo –quien deja esposa e hijos– entierran a sus muertos.
¿Dónde está la protección al pueblo? ¿Dónde la inteligencia que anticipa atentados como este, que huele a represalia por las denuncias de Manzo contra los «huertos de la muerte»?
El asesinato de Carlos Manzo no es solo una tragedia personal; es el veredicto de un narco-estado que Sheinbaum ha heredado y agrandado.
Mientras los cárteles reclutan a niños en las colonias marginadas de Uruapan y extorsionan a productores hasta quebrarlos, el gobierno federal ofrece condolencias y fotos en redes sociales.
Urge una rendición de cuentas real: desmantelar la impunidad, fortalecer instituciones civiles y, sobre todo, reconocer que la «4T» ha fallado en su promesa central de seguridad.
De lo contrario, Michoacán –y México entero– seguirá siendo un tablero donde los narcos mueven las piezas, y el pueblo paga el precio con su vida.
Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor

