Radiografía Política - Fiasco el "primer informe" de Julieta Ramírez en Tijuana

Entre los presentes destacaron la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo –exalcaldesa de Rosarito–, y el senador Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua.

Entre Acarreados y Fantasmas del Narcotráfico y la Corrupción

Lo que prometía ser una celebración del primer año legislativo de la senadora morenista Julieta Ramírez se convirtió en un espectáculo de apariencias frágiles y alianzas cuestionables.

El domingo 26 de octubre, la Arena Zonkeys vibró con un evento que reunió a miles de personas, pero bajo la sombra de acusaciones de acarreo masivo y la presencia de invitados envueltos en escándalos de narcotráfico y desvío de fondos públicos.

En un Baja California cada vez más polarizado, el informe legislativo de Ramírez no solo expuso sus pocos logros –como el apoyo a 19 reformas constitucionales del llamado «Plan C»–, sino que también reveló las grietas de un movimiento que se dice transformador, pero que arrastra el peso de la impunidad y el clientelismo.

El escenario estaba montado para impresionar: la arena deportiva, con capacidad para más de 4 mil espectadores, se llenó de banderas guindas, música estridente y porristas animando el ambiente.

Ramírez, senadora por Baja California desde octubre de 2024, tomó el templete para un discurso de casi una hora, destacando iniciativas en favor de la salud, la educación y la igualdad de género, que poco o nada se han visto en favor de Baja California.

«He trabajado sin descanso por la gente de la frontera». Sin embargo, detrás del telón de fondo festivo, testigos y redes sociales documentaron un panorama menos idílico: filas de «acarreados» –término coloquial para referirse a asistentes transportados y motivados con incentivos–, quienes abandonaron el recinto antes de que concluyera el evento.

Videos y publicaciones en Instagram y Facebook capturaron el éxodo prematuro: grupos enteros de personas, presuntamente contratadas por 400 pesos y un vale de recarga de gas, se retiraron en masa apenas avanzada la mitad del programa, dejando butacas vacías y un eco de desinterés.

«Fue un fiasco disfrazado de multitud», escribió un usuario en redes, resumiendo el sentir de críticos que cuestionan la autenticidad del apoyo popular a Morena en la región.

Esta práctica, recurrente en eventos políticos de la 4T, no solo erosiona la credibilidad de Ramírez –quien se presenta como una voz fresca y combativa–, sino que perpetúa un modelo de movilización artificial que aleja a los votantes genuinos.

¿Cuántos de esos «cuatro mil ciudadanos» eran vecinos de Tijuana, y cuántos, peones de una maquinaria electoral que prioriza la imagen sobre la sustancia?

Si el acarreo fue el telón de fondo incómodo, los invitados especiales elevaron la crítica a niveles de escándalo nacional.

Entre los presentes destacaron la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo –exalcaldesa de Rosarito–, y el senador Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua.

Brown, quien reapareció en el templete pese a las sombras que la persiguen, ha sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde septiembre de 2025.

La acusación es grave: presuntos nexos con «La Mayiza», facción del Cártel de Sinaloa, a través de contratos millonarios otorgados a operadores como Candelario Arcega Aguirre durante su gestión municipal.

Según la OFAC, Brown permitió la infiltración del crimen organizado en el ayuntamiento de Rosarito, facilitando impunidad y lavado de dinero en empresas locales.

En Baja California, donde el narco ha permeado la política local, su presencia en un evento oficial de Morena no es solo un desliz protocolar; es un recordatorio de cómo el partido guinda ha normalizado alianzas con figuras tóxicas, erosionando su discurso anticorrupción.

No menos controvertido fue Javier Corral, quien, irónicamente, se ha posicionado como un «luchador contra la corrupción» al exponer la «nómina secreta» de su predecesor panista César Duarte –una red de desvíos millonarios que él mismo persiguió durante su gubernatura.

Hoy, sin embargo, Corral enfrenta indagatorias por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y desvío de 98 millones de pesos en contratos simulados para reestructurar deudas estatales.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo acusa de abuso de autoridad y tráfico de influencias, en un caso que huele a revancha política pero que, al mismo tiempo, cuestiona su propia integridad.

Su asistencia al informe de Ramírez –donde publicó mensajes de apoyo en redes– ilustra las alianzas oportunistas en el Senado: un ex panista ahora morenista, compartiendo escenario con una legisladora que se dice «patriota y recta».

¿Es esto la «transformación» prometida, o un club de sobrevivientes donde la ética es secundaria?

Desde una perspectiva crítica, el evento de Julieta Ramírez en la Arena Zonkeys encapsula las contradicciones de Morena en Baja California: un partido que ganó con promesas de cambio, pero que se ve lastrado por prácticas clientelares y compañeros de ruta con expedientes penales.

Mientras Ramírez alaba reformas constitucionales, ignora –o minimiza– cómo el acarreo deslegitima su base y la presencia de Brown y Corral mancha su imagen.

En una frontera donde la inseguridad y la corrupción son heridas abiertas, eventos como este no inspiran confianza; al contrario, alimentan el cinismo ciudadano.

La senadora, con un futuro incierto en la política local, deberá decidir si su «apoyo popular» es real o solo un espejismo, ya que esto no contribuye en absoluto a obtener cifras favorables para competir por una candidatura a la gubernatura de Baja California en 2027.