Radiografía Política – El lado oscuro del oficial mayor de Marina del Pilar

David Ramsés Cervantes Aguilar, actual Oficial Mayor del Gobierno de Baja California, ha sido objeto de diversas controversias que han desencadenado un importante revuelo en la opinión pública y críticas relacionadas con cuestiones de transparencia y ética en la gestión gubernamental.

Esta Radiografía Política de carácter periodístico aborda los señalamientos más relevantes dirigidos hacia su figura, tomando como referencia los últimos acontecimientos alrededor de su persona y sobre todo en el circulo rojo.

Asimismo, se examina el efecto de estas acusaciones sobre la percepción social, las potenciales ramificaciones legales y políticas derivadas de los casos señalados, y las debilidades estructurales que estas situaciones ponen de manifiesto dentro del sistema administrativo de Baja California.

Cervantes Aguilar asumió en noviembre de 2023 el puesto de Oficial Mayor, luego de haber ocupado el cargo de Director de Adquisiciones en la misma institución.

Sin embargo, su designación ha suscitado críticas debido a su cercanía con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a la aparente falta de formación académica y experiencia adecuada para las responsabilidades exigidas por el reglamento interno de la Oficialía Mayor.

Las controversias que rodean su trayectoria se articulan en tres dimensiones fundamentales: presunta negligencia en una clínica de propiedad familiar, posibles conflictos de interés vinculados a contratos adjudicados a empresas relacionadas con sus familiares, y alteraciones documentales en expedientes médicos asociados con un caso de alto impacto.

La clinica…

La Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, propiedad de David Cervantes Torres, progenitor de Cervantes Aguilar, ha sido objeto de graves acusaciones relacionadas con casos de negligencia médica.

Entre los incidentes reportados, destacan dos que han generado considerable controversia: En primer lugar, el caso del parto sin suministro eléctrico ocurrido en 2022., es aquella ocasión se reportó que un parto programado fue llevado a cabo en las instalaciones de la clínica en condiciones precarias debido a la ausencia de energía eléctrica.

Los profesionales médicos recurrieron al uso de teléfonos móviles para obtener iluminación durante el procedimiento, evidenciando serias deficiencias en la infraestructura del establecimiento y su incumplimiento de las regulaciones pertinentes.

Este incidente suscitó una notable indignación entre la opinión pública, especialmente considerando que la clínica recibe contratos del gobierno estatal.

El segundo caso corresponde a la trágica muerte de Martín Damián González en el año 2023.

Este menor de 11 años perdió la vida tras un accidente ocurrido en su escuela, seguido de una atención médica insuficiente proporcionada por la mencionada clínica.

De acuerdo con el expediente médico entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaba alteraciones significativas, como la omisión de síntomas críticos, entre los que se encontraba el “vómito en proyectil”, un indicador que habría requerido una tomografía urgente.

Además, se difundieron dos versiones del expediente: una dirigida a la FGE que negaba la existencia del síntoma y otra destinada al gobierno estatal que omitía dicha negación, hecho que sugiere una manipulación sistemática con el propósito de ocultar la negligencia médica.

Este caso propició movilizaciones por parte de familiares y docentes, quienes exigieron justicia para el menor y denunciaron un presunto encubrimiento político hacia la clínica debido a los vínculos familiares con Cervantes Aguilar.

Estos casos destacan una evidente deficiencia en la supervisión de las instituciones de salud financiadas con recursos públicos.

La clínica, que obtiene beneficios mediante contratos del denominado «seguro escolar» gestionados por la aseguradora Umbrella, opera bajo un entorno marcado por la influencia de Cervantes Aguilar en las decisiones de contratación, lo que genera un claro conflicto de interés.

Además, la opacidad en torno a la investigación sobre la muerte de Martín Damián, sumada a la manipulación de documentos, apunta hacia posibles intentos de encubrimiento, lo que contribuye a deteriorar la confianza en las entidades estatales.

Conflictos de interés…

Cervantes Aguilar ha sido acusado de favorecer a empresas vinculadas a su familia mediante la adjudicación de contratos millonarios del gobierno de Baja California, sin garantizar procesos de licitación claros y transparentes.

Clínica de Especialidades Internacional.

Esta clínica obtiene contratos por medio de la aseguradora Umbrella, encargada de subcontratar servicios médicos relacionados con el «seguro escolar».

Entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, se registraron contratos superiores a los 33 millones de pesos.

Esto ha generado dudas debido a la baja calificación financiera que presenta Umbrella, poniendo en entredicho su capacidad para cumplir con las obligaciones asumidas.

Insumed: La empresa de insumos médicos propiedad de María del Carmen Aguilar Ceballos, madre de Cervantes Aguilar, también figura entre los beneficiados con contratos estatales.

Este patrón de adjudicaciones directas a compañías familiares fortalece las denuncias sobre posibles prácticas de nepotismo y abuso de autoridad.

La adjudicación de contratos a empresas relacionadas con la familia de un funcionario de alto nivel, como Cervantes Aguilar, quien lidera el comité de adquisiciones, evidencia un evidente conflicto de interés.

La inexistencia de licitaciones públicas y la opacidad en los procedimientos de contratación vulneran los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad.

Estas acciones han reforzado la percepción de que la administración de Marina del Pilar favorece a su círculo cercano, minando la confianza en su gobierno.

No apto para el trabajo…

Cervantes Aguilar ha enfrentado críticas por no cumplir con los requisitos necesarios para los puestos que ha desempeñado.

Durante su tiempo como Director de Adquisiciones carecía de cédula profesional y de la maestría requerida por las normas de la Oficialía Mayor.

Su título profesional fue otorgado por CETYS Universidad en 2021, lo que reduce considerablemente su experiencia laboral previa.

No obstante, fue promovido a Oficial Mayor, un cargo estratégico en la administración de los recursos estatales.

La designación de Cervantes Aguilar para ocupar puestos de alta responsabilidad, pese a carecer de las credenciales necesarias, intensifica las críticas sobre posibles prácticas de favoritismo político.

Su evidente proximidad con la gobernadora Marina del Pilar ha sido señalada como un elemento clave en su promoción, lo que genera dudas sobre la aplicación de principios meritocráticos dentro de la gestión pública.

Este aspecto del caso no solo compromete la reputación de Cervantes Aguilar, sino que también saca a la luz problemas estructurales en los procesos de selección de funcionarios.

El discurso de siempre…

La gobernadora Marina del Pilar ha desmentido la existencia de algún tipo de protección hacia la clínica propiedad de la familia Cervantes, justificando que los contratos con dicha institución son gestionados por la aseguradora Umbrella y no directamente por el gobierno estatal.

No obstante, esta explicación no ha logrado aclarar plenamente las inquietudes existentes, ya que los vínculos familiares asociados al caso y la ausencia de procesos de licitación pública continúan representando temas de controversia persistente.

Las manifestaciones realizadas por diversos grupos, entre ellos maestros y familiares, como la protesta llevada a cabo el 3 de julio de 2025 frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), ponen de manifiesto un descontento social tangible y una firme exigencia de transparencia y justicia.

En el ámbito digital, especialmente a través de redes sociales, las críticas relacionadas con este caso han encontrado una amplia resonancia, con numerosos usuarios calificándolo como emblemático de prácticas asociadas a corrupción y nepotismo dentro del gobierno de Baja California.

La narrativa predominante insinúa que las estructuras institucionales favorecen a actores con poder, mientras aparentemente criminalizan a individuos como el maestro Esteban Canchola.

Este último ha sido acusado de omisión de cuidados en el caso del menor Martín Damián, a pesar de que los señalamientos sobre atención médica deficiente apuntan a ser el factor principal en este incidente.

Cabe señalar que el profesor Esteban recuperó su libertad este jueves 3 de julio luego de que un juez de los juzgados penales de Mexicali determinara imponerle la pena mínima establecida por la ley.

Este tipo de situaciones solo contribuyen a deteriorar aún más la imagen de una gobernadora que, lamentablemente, sigue en declive. Sus esfuerzos ya no generan el impacto mediático que solían tener, al punto de que se vio obligada, por indicaciones de la presidenta Sheinbaum, a recurrir a su aliado más polémico para intentar estabilizar las cosas. Todo esto, con la intención de mantener el rumbo y preparar el terreno para su sucesor, quien últimamente ha optado por hacer videos en redes sociales, al estilo de Maripili.