Morena y su Desconocimiento Total del Tema

En un nuevo capítulo de decisiones políticas desconectadas de la realidad, la Cámara de Diputados de México, dominada por Morena, ha aprobado un impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento, medida que entrará en vigor a partir de 2026.

Esta iniciativa, presentada como un acto de «justicia social», no es más que un intento recaudatorio disfrazado de protección a la juventud, impulsado por legisladores que demuestran una ignorancia alarmante sobre la industria de los videojuegos y sus impactos reales en la sociedad.

El principal defensor de esta propuesta en Baja California ha sido el diputado federal José Armando Fernández Samaniego, de Morena, quien en diversas entrevistas en medios locales ha argumentado que los videojuegos violentos generan adicción y violencia «desde la pantalla».

Samaniego, un típico «borrego» de la 4T –ese movimiento que prioriza la lealtad partidista sobre el conocimiento experto–, ha calificado esta medida como necesaria para combatir los supuestos efectos negativos de juegos como Call of Duty o The Last of Us, excluyendo títulos «inofensivos» como Mario Bros.

Sin embargo, sus declaraciones no solo son absurdas, sino que revelan una visión obsoleta y desinformada, más alineada con mitos de los años 90 que con evidencia científica actual.

La Falsa Relación entre Videojuegos y Violencia: Un Mito Desmentido por la Ciencia

Samaniego insiste en que no se culpa exclusivamente a los videojuegos por la violencia social, pero afirma que «hay estudios que indican que generan otro tipo de violencia».

Esta afirmación es, en el mejor de los casos, una distorsión selectiva de la realidad. Numerosas investigaciones internacionales, incluyendo un estudio de la Universidad de Oxford, han concluido que no existe una relación causal entre jugar videojuegos violentos y comportamientos agresivos en la vida real.

De hecho, la Asociación Americana de Psicología (APA) ha reiterado que la idea de que los videojuegos «generan violencia» es popular pero no ha sido probada con rigor científico.

Estudios recientes, como uno publicado en 2025 por la Plataforma de Investigación en Juegos Digitales y Agresión (PRGDA), reafirman que no hay evidencia sólida de que la exposición a violencia virtual se traduzca en actos reales.

Al contrario, factores como el entorno socioeconómico, la educación y el acceso a servicios de salud mental son los verdaderos impulsores de la violencia juvenil.

En México, donde la violencia real –como la generada por el crimen organizado– es un problema endémico, gravar los videojuegos parece una distracción ridícula, no una solución.

La respuesta de Samaniego en medios locales, donde defiende el impuesto como una forma de «justicia social» contra «empresarios que lucran con la salud de los jóvenes», es particularmente absurda.

¿Justicia social? Esto huele más a un afán recaudatorio en un contexto de presupuestos ajustados para el gobierno federal.

La industria de los videojuegos en México genera empleos y contribuye a la economía digital, con un mercado que supera los 30 mil millones de pesos anuales.

Imponer un gravamen selectivo no solo encarecerá los productos para los consumidores –muchos de ellos jóvenes de bajos recursos–, sino que podría desincentivar la inversión en un sector innovador.

Morena y su Desconexión con la Realidad Digital

Morena, como partido, demuestra una vez más su falta de conocimiento en temas tecnológicos y culturales modernos.

Samaniego, quien en el pasado ha promovido videojuegos de guerra en sus redes –una hipocresía flagrante–, ahora los demoniza sin bases sólidas.

Esta postura no es aislada: refleja una tendencia en la 4T de regular lo que no entienden, priorizando narrativas moralistas sobre datos empíricos.

Comunidades gamers en redes sociales, han respondido con memes y críticas, destacando que «nadie se vuelve criminal por jugar The Last of Us».

Si el objetivo es proteger a los jóvenes, ¿por qué no invertir en educación digital, programas de prevención de adicciones o acceso a terapias mentales?

En lugar de eso, optan por un impuesto que, en última instancia, beneficiará al erario público sin abordar las raíces del problema.

Les preocupa más proteger a quienes están vinculados con el crimen organizado, el huachicol o aquellos que, de un día para otro, se convierten en exitosos ganaderos y propietarios de ranchos.

Un Paso Atrás para México

Este impuesto absurdo no solo ignora la evidencia científica, sino que atenta contra la libertad cultural y económica de millones de mexicanos.

Es hora de que legisladores como Samaniego se eduquen antes de legislar, en lugar de repetir consignas partidistas.

Es momento de que comience a legislar de manera efectiva, ya que, de las doce iniciativas presentadas hasta ahora, ninguna ha sido aprobada. Esto evidencia la falta de capacidad para desempeñar el cargo y refuerza lo que se dice en los círculos políticos: que no es más que un beneficiado de la 4T, destacado únicamente por su lealtad ciega hasta ahora.

La juventud mexicana merece políticas basadas en hechos, no en mitos reciclados. Si Morena sigue por este camino, no solo perderá credibilidad, sino que alienará a una generación cada vez más conectada al mundo digital.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor