Radiografía Política – Brown busca amparo tras congelamiento de cuentas

Lo que la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, juraba con vehemencia hace apenas semanas como una «desconocida» persecución sin impacto real en su vida, se ha convertido en una realidad incriminatoria: sus cuentas bancarias han sido congeladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En un giro que expone la fragilidad de sus declaraciones públicas, Brown tramita ahora un juicio de amparo para intentar revertir las medidas financieras impuestas por autoridades mexicanas y estadounidenses, según revela una investigación del semanario Zeta.

La exalcaldesa de Playas de Rosarito, quien en septiembre pasado minimizaba las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al asegurar que «no le habían asegurado cuentas bancarias» y que cruzaba sin problemas la frontera norteamericana, enfrenta hoy la inmovilización de sus recursos en al menos dos instituciones bancarias.

Esta contradicción no solo cuestiona su credibilidad ante la ciudadanía, sino que alimenta sospechas sobre la transparencia de una figura política que ha escalado en las filas de Morena mientras presuntamente tejía alianzas con el crimen organizado.

El detonante fue la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, emitida el 18 de septiembre de 2025, que incluyó a Brown en su lista de sancionados por su supuesta relación con la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa, operada por René Arzate García, alias «la Rana», en Rosarito. Según la OFAC, Brown mantenía una «estrecha relación personal» con Candelario Arcega, un operador clave del cártel que infiltraba el gobierno municipal para corromperlo y proteger actividades ilícitas como la extorsión y el lavado de dinero.

Junto al empresario Jesús González Lomelí y sus testaferros Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, la diputada habría facilitado el nombramiento de aliados del narco en puestos clave de seguridad pública durante su administración como alcaldesa, garantizando así la impunidad de las operaciones criminales.

Ante esta alerta transfronteriza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México no tardó en reaccionar: incluyó a Brown en su «lista de personas bloqueadas», lo que derivó en una orden inmediata de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para suspender sus servicios bancarios y congelar todos sus activos, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, impulsa ahora una investigación formal que contradice frontalmente las negaciones de la legisladora, quien insistía en que las imputaciones eran «detalles desconocidos» sin repercusiones concretas.

En un intento desesperado por blindarse, Brown presentó una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito en Tijuana, reclamando la nulidad de su inclusión en la lista de la SHCP y la inmovilización de sus fondos.

Este recurso legal, lejos de ser una mera formalidad, confirma lo que la diputada negaba: una pesquisa activa que la tiene acorralada financieramente. ¿Cómo se explica que una servidora pública, que juraba no estar bajo el escrutinio de las autoridades, recurra ahora a los tribunales para defenderse de medidas que ella misma desestimaba?

Esta incongruencia no solo erosiona la confianza en su gestión pasada en Rosarito –marcada por denuncias de opacidad y favoritismos–, sino que plantea interrogantes sobre el rol de Morena en la validación de candidaturas con sombras delictivas.

La historia de Brown, de negar evidencias a buscar refugio judicial, ilustra un patrón preocupante en la política bajacaliforniana: la negación inicial como escudo, seguida de maniobras legales cuando la realidad aprieta. Mientras la UIF profundiza en sus finanzas y la OFAC mantiene su presión, la diputada permanece en silencio sobre el fondo de las acusaciones.

¿Cuánto tiempo más podrá evadir la rendición de cuentas que ella misma prometía en campaña? La ciudadanía merece respuestas, no excusas.

Esta opinión se basa en la investigación exclusiva del semanario Zeta, publicada el 8 de octubre de 2025.

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