Punto Crítico – Likes, gritos y derechos mal leídos

Cuando la indignación pretende sustituir a la Constitución, la democracia deja de ser control ciudadano y se convierte en tumulto legitimado.

Confieso algo de entrada: me preocupa la facilidad con la que hoy confundimos vigilancia ciudadana con intervención directa. Tal vez sea el clima político actual. -o quizá la ansiedad colectiva por exhibir todo en tiempo real— Pero, con mayor frecuencia observo cómo la frontera entre participación democrática y autotutela se desdibuja hasta volverse peligrosa.

En ese contexto, las recientes declaraciones del alcalde de Tijuana, Dr. Ismael Burgueño Ruiz, me parecen no solo pertinentes, sino necesarias. Y lo digo con plena conciencia de que defender la institucionalidad se ha vuelto impopular en ciertos círculos digitales. Recordar que el Estado de derecho no se negocia en transmisiones en vivo ni se redefine desde la vía pública puede incomodar, sin embargo, constituye un acto elemental de responsabilidad constitucional.

El episodio protagonizado por dirigentes de la CANACO Tijuana, —que inició como un intento de documentar una actuación policial y terminó en confrontación directa— obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿en qué momento decidimos que observar equivale a dirigir y que grabar implica intervenir? Documentar no es obstaculizar. Observar no es irrumpir. Cuando esa frontera se rompe, el escrutinio deja de fortalecer a la democracia y comienza a presionar indebidamente procedimientos que deben regirse por reglas, no por impulsos.

El Dr. Ismael Burgueño ha insistido en que la autoridad no puede operar bajo intimidación ni bajo la lógica del ciudadano-investigador que pretende asumir funciones operativas. Coincido con esa lectura. No porque la autoridad sea infalible, —no lo es— sino porque lo que consigna el artículo 17 constitucional existe precisamente para evitar que cada conflicto se resuelva por confrontación directa. Defender ese principio no es autoritarismo; es civilización jurídica.

No sorprende, aunque sí preocupa el ecosistema digital: Influencers jurídicos de ocasión —pienso en casos como el del autodenominado “RuAbogado”— han reducido un debate complejo a etiquetas fáciles: “autoritarismo”, “represión”, “abuso”. ¿Dónde quedó el análisis? ¿En qué momento la argumentación constitucional fue sustituida por consignas diseñadas para el algoritmo? No lo sé. Pero el empobrecimiento del debate es evidente.

Más desconcertante aún, resulta observar a juristas con sólidas credenciales académicas, como el Dr. Amador Rodríguez Lozano, optar por lecturas parciales que privilegian la confrontación política antes que el equilibrio institucional. La facilidad con la que llevó, a través de una publicación en su página de Fb, la interpretación de los artículos 6 y 7 constitucionales hasta extremos que desdibujan cualquier límite razonable. Como si la libertad de expresión incluyera la facultad de interrumpir procedimientos o de someter a presión inmediata a quienes ejercen funciones públicas. Se le olvidó que el propio “Pacto de San José” establece en su artículo 13 restricciones legítimas cuando están en juego el orden público y los derechos de terceros.

El ejercicio de las libertades públicas exige ciudadanos críticos, sí. No interventores coercitivos. Tal vez al ex senador se le olvidó que el derecho no existe para exacerbar conflictos, sino para ordenarlos.
Espero que se trate de una omisión involuntaria por parte del ex secretario general de Gobierno de Baja California, porque cuando el conocimiento jurídico se usa como arma discursiva y no como herramienta de ponderación, se erosiona la confianza pública en quienes deberían contribuir a la claridad.

Respaldar la postura del Dr. Burgueño no implica renunciar al escrutinio democrático. Implica reconocer —con honestidad intelectual— que, la crítica debe ejercerse dentro de los límites constitucionales que garantizan la convivencia.
Nuestro país no necesita ni autoridades inmunes a la crítica, ni ciudadanos investidos de facultades coercitivas inexistentes. Ese punto medio, incómodo pero indispensable, es donde verdaderamente se sostiene la vida institucional.

Quizá el mayor riesgo de nuestro tiempo no sea el abuso de autoridad —que debe supervisarse siempre—, sino la tentación creciente de sustituir las reglas por la indignación inmediata. Cuando la Constitución se convierte en un documento invocado solo cuando conviene, la institucionalidad deja de ser un acuerdo común y se transforma en terreno de disputa permanente.

Sin Constitución, la crítica es ruido; sin límites, la libertad es caos.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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