Punto Crítico – ¿Indignación selecta o realidad editada?

En Tijuana, un video bastó. Dos policías quedaron suspendidos y la autoridad reaccionó con una rapidez que tranquiliza. Hubo comunicado, hubo postura, hubo consecuencia. El sistema pareció responder con la contundencia que esperamos cuando algo nos indigna.

Compartimos el video. Comentamos. Exigimos. Y por un momento sentimos que la vigilancia ciudadana funciona.

Es difícil no experimentar cierto alivio cuando la secuencia se completa: falta, exposición, sanción. Nos confirma que la luz pública tiene efectos. Que nadie está completamente a salvo del escrutinio.

Pero tal vez el problema no esté en lo que vemos. Tal vez esté en lo que aceptamos no ver.

El poder contemporáneo no necesita esconderse en la oscuridad. Le basta con elegir el ángulo de iluminación. No todo lo invisible está oculto; muchas veces está técnicamente disponible, aunque socialmente irrelevante. No porque carezca de importancia, sino porque exige una atención que rara vez concedemos.

Mientras discutimos el video —con razón— pocas veces discutimos la arquitectura que no se deja grabar. Las bases de licitación que delimitan desde el inicio quién podrá competir. Las adjudicaciones directas que la ley permite como excepción y que, sin embargo, pueden volverse costumbre. Los contratos cuyo lenguaje técnico disuelve cualquier impulso de indignación.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que la adjudicación directa ocupa un espacio dominante en distintos ejercicios, como en el ejercicio 2023, donde el 85% de los contratos en una muestra de estados y municipios se adjudicaron directamente, representando más de 7,900 millones de pesos, el dato no se vuelve viral. No genera una tormenta digital. No hay un rostro identificable que concentrar en la pantalla. Hay números, procedimientos, párrafos.

Y los párrafos no arden igual que los videos.

La excepción puede normalizarse sin romper formalmente la ley. El procedimiento puede cumplirse mientras el espíritu de competencia se adelgaza. Nada estalla. Nada escandaliza. Simplemente se adapta el umbral de lo aceptable.

Aquí aparece una pregunta más incómoda que cualquier denuncia:
¿el poder monopoliza la visibilidad o nosotros preferimos que lo haga?

Reaccionamos con intensidad ante lo inmediato y delegamos lo estructural. Celebramos la sanción visible y rara vez exigimos comprender la ingeniería que no cabe en un clip. Pedimos transparencia, pero pocas veces invertimos tiempo en descifrarla cuando llega en forma de documento.

La transparencia no ha desaparecido. Se publica, se transmite, se archiva. Pero la administración del ritmo —qué se anuncia con énfasis y qué se libera entre anexos— sigue concentrada en quien decide. Y esa concentración es cómoda si nuestra atención también es selectiva.

El verdadero privilegio no es gastar recursos públicos. Es decidir cuándo ese gasto se convierte en relato y cuándo permanece como trámite técnico. Es fijar el momento del reflector. Es definir qué merece indignación colectiva y qué puede circular sin ruido.

Mientras el mismo actor que decide conserve la facultad de modular su propia exposición, la rendición de cuentas dependerá menos de reglas automáticas y más de presiones coyunturales. La luz no será una condición estructural; será una respuesta reactiva.

Y nosotros seguiremos sintiendo que el sistema funciona cada vez que un eslabón visible cae, aunque el centro de gravedad permanezca intacto.

Tal vez el problema no sea solamente la corrupción. Tal vez sea la concentración de la potestad de producir realidad pública. Y tal vez esa concentración no sería tan eficaz si nuestra vigilancia no fuera episódica, si nuestra indignación no dependiera tanto del formato.

Mientras reaccionemos solo ante lo que brilla, alguien más seguirá eligiendo el foco.

Y una república en la que el reflector tiene dueño no es necesariamente una república oscura.
Pero sí es una república donde la luz nunca es completamente nuestra.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor