Punto Crítico – Estado, democratización y ciudadanía

Cada vez que en México se anuncia una nueva reforma electoral, el debate público suele concentrarse casi exclusivamente en las reglas del juego: quién organiza las elecciones, cómo se cuentan los votos, cuánto cuestan las instituciones o qué ajustes técnicos se requieren para “mejorar” el sistema. Sin embargo, rara vez se discute la pregunta central: para qué sirve una democracia que solo convoca a la ciudadanía el día de la elección y la excluye el resto del tiempo.

De cara a una eventual reforma electoral en 2026, el riesgo es evidente. Si la discusión vuelve a limitarse a la arquitectura institucional y a los equilibrios entre élites políticas, estaremos ante otro ajuste procedimental que no tocará el problema de fondo: una democracia reducida a su dimensión electoral, incapaz de generar participación sostenida, control ciudadano y responsabilidad efectiva de quienes ejercen el poder.

La democracia en México —y en buena parte de América Latina— ha sido tratada históricamente como un asunto excepcional, casi ritual. Un momento específico, cuidadosamente reglado, en el que entran en acción instituciones costosas y procedimientos complejos para convocar a la ciudadanía a elegir representantes y otorgarles legitimidad. Fuera de ese instante, la participación de las mayorías se diluye casi por completo.

El problema de esta concepción es que una democracia reducida a su fase electoral termina por vaciarse de contenido político. Buena parte de lo que ocurre antes y después de las urnas guarda poca relación con la voluntad ciudadana y, en muchos casos, ocurre de espaldas a ella. De ahí surge una paradoja conocida: democracias electorales relativamente avanzadas, pero democracias políticas profundamente estancadas.

Existen reglas, procedimientos y discursos que dicen promover la participación, pero en la práctica no están diseñados para ampliarla ni para incorporar de manera efectiva a la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes. Esta distancia explica, en buena medida, la desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas. Cuando los ciudadanos advierten que no cuentan con vías reales para incidir en el rumbo de las políticas públicas que motivaron su voto, comienza un proceso de alienación: la política se banaliza, se caricaturiza y pierde sentido.

Aunque la fluctuación en la participación puede considerarse parte del juego democrático, cuando la abstención se vuelve estructural deja de ser una simple oscilación y se convierte en un síntoma de crisis. Una democracia en la que los asuntos político-constitucionales solo se atienden de manera esporádica, sin involucrar de forma continua al titular del poder soberano —la ciudadanía—, es una democracia frágil.

Por ello, la democracia no puede entenderse únicamente como el ejercicio formal de derechos y libertades públicas, ni puede sostenerse sobre la ficción de la legitimidad cuando el número de ciudadanos que se abstiene de votar supera ampliamente a quienes participan. La vida democrática exige algo más: responsabilidades claras, supervisión constante del desempeño gubernamental y una cultura cívica que incentive la participación más allá de las urnas.

La crisis de la representación política no es nueva, pero sí persistente. Desde hace años, los mecanismos tradicionales de representación muestran un desgaste profundo. Los ciudadanos eligen, pero no controlan; votan, pero no exigen; delegan poder, pero carecen de instrumentos eficaces para reclamar responsabilidades a quienes lo ejercen.

En este punto aparece una cuestión central: no puede hablarse de democracia sin controles efectivos al poder. En la medida en que los órganos del Estado no estén sujetos a controles jurídicos, políticos y sociales, el Estado de derecho se debilita. El control no es un accesorio del Estado de derecho; es su condición mínima de existencia. Sin él, no hay límites reales al poder y, por tanto, no hay democracia sustantiva.

El caso mexicano resulta ilustrativo. Existen múltiples actos de autoridad que no están sujetos a un control efectivo. Basta observar al Poder Legislativo: muchas de sus decisiones no son susceptibles de control constitucional ni de mecanismos políticos que permitan al ciudadano evaluar, sancionar o premiar el desempeño de sus representantes. La ausencia de estos contrapesos genera una asimetría peligrosa entre representantes y representados y expone una debilidad estructural del Estado de derecho.

No puede existir Estado de derecho sin democracia, ni democracia sin participación ciudadana en los asuntos que afectan a toda la colectividad. Pero si lo que se busca controlar realmente el poder político, es indispensable ir más allá del diagnóstico y pensar en medidas concretas: una reelección que permita premiar o castigar el desempeño; la ruptura de las oligarquías partidarias; partidos políticos obligados a acercarse a su electorado; un financiamiento público vinculado al respaldo ciudadano efectivo; y, sobre todo, un Poder Legislativo que responda jurídica y políticamente por sus actos.

El sistema político mexicano no está diseñado para ello. Y ese déficit no es menor: constituye uno de los principales obstáculos para que una eventual reforma electoral en 2026 no se limite a modificar reglas, sino que contribuya a transformar la democracia en algo más que un ritual periódico. Sin controles, sin responsabilidad y sin ciudadanía activa, cualquier reforma corre el riesgo de perfeccionar el procedimiento mientras la democracia sigue vaciándose por dentro.