Punto Crítico – El reality show electoral ya empezó

Columna no apta para militantes ni resentidos. Dedicada especialmente a quienes, como yo, están hartos de que la política se convierta en un reality show de bajo presupuesto.

El año electoral no empieza con una fecha en el calendario. Empieza cuando la conducta pública se transforma en espectáculo. Algo de eso ya está ocurriendo. En el tránsito previo a la contienda, se advierte una ansiedad extendida por existir en la conversación, por no desaparecer del radar de las dirigencias. Aparecen entonces versiones ensayadas de cercanía, ocurrencias calculadas y una vocación súbita por lo viral. No lo digo desde la oposición, lo digo desde la advertencia estratégica: cuando la política se mide en reacciones, el contenido se vuelve prescindible.

Lo que vemos —senadores y senadoras que buscan gracia en el formato corto, que tensan los límites de la legalidad electoral o convierten la tribuna en un escaparate de ocurrencias— no es un accidente. Es un síntoma. La representación, que debería organizar intereses y producir decisiones públicas de calidad, se diluye en la lógica del algoritmo. La consecuencia es menos visible, pero más grave: se desplaza el eje de evaluación. Ya no importa tanto lo que se hizo, sino lo que se logró posicionar. Y en ese desplazamiento, la responsabilidad se vuelve un accesorio incómodo.

Conviene decirlo sin rodeos: aspirar es legítimo. Nadie debería ser descalificado por querer competir. El problema aparece cuando la aspiración se sostiene sobre una narrativa que no resiste contraste. Se promete continuidad donde hubo vacío; se vende innovación donde apenas hubo ruido. Propuestas que nacen para circular mejor en redes que para resolver problemas —regular lo trivial, sobrerreaccionar ante episodios aislados, o intervenir servicios cotidianos sin medir efectos secundarios— terminan produciendo costos que después nadie asume. No es un desliz, es un incentivo mal alineado.

Aquí hay una fractura institucional que conviene mirar de frente. Si la rendición de cuentas se sustituye por métricas de popularidad, el sistema de incentivos se distorsiona. El mensaje implícito es claro: no hace falta gobernar bien, basta con parecer presente. Y entonces ocurre lo previsible: se multiplican las peripecias discursivas, el lenguaje se degrada para capturar atención y la ley se usa como utilería. ¿Quién asume el costo cuando una mala regulación afecta a quienes supuestamente buscaba beneficiar? Casi nadie. El ciclo informativo lo absorbe todo.

Podría sostenerse —y no sin razón— que la ciudadanía también participa de este juego, que premia el ingenio breve y castiga la complejidad. Pero incluso si eso fuera cierto, la obligación de quien ejerce poder no se relativiza. La ética pública no es reactiva. Exige una coherencia mínima entre lo que se dice y lo que se entrega. Y en ese estándar, los resultados importan. Importan más que cualquier clip, más que cualquier tendencia, más que cualquier sonrisa a cámara.

Muchos de quienes hoy buscan reposicionarse no deberían tener una segunda oportunidad. No por animadversión, sino por desempeño verificable. La memoria institucional no puede ser selectiva. Si los saldos son pobres, si las decisiones fueron erráticas, si el impacto en bienestar es marginal o negativo, la consecuencia razonable es la sustitución. Lo contrario erosiona la idea misma de responsabilidad política y convierte la reelección —o el salto a otro cargo— en un mecanismo de continuidad sin evaluación real.

Quizá la pregunta no es quién va a aparecer más, sino bajo qué reglas estamos dispuestos a seguir jugando. Si la visibilidad continúa siendo el criterio dominante, el resultado no será una mala elección, sino una mala conversación pública convertida en gobierno. Y eso ya no se corrige en campaña.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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