Punto Crítico – Cúmplanla o cámbienla: lecciones del 109 aniversario de la Constitución

Una Constitución puede ser muchas cosas: la traducción normativa de un pacto político surgido de una coyuntura histórica, un documento de inspiración liberal que organiza y limita el poder, o —en el sentido más elemental— aquello que, conforme al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, garantiza derechos y establece la división del poder. Sea cual sea la definición que se prefiera, hay un punto incontrovertible: el texto constitucional, entre otros aspectos, fija las reglas del juego entre quienes detentan el poder.

A 109 años de vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el país atraviesa una de sus peores crisis institucionales. No por la insuficiencia del texto, sino por el desconocimiento alarmante que de él muestran muchos de quienes juraron cumplirlo. Legisladoras y legisladores —locales y federales— han sustituido el oficio político por la improvisación y la responsabilidad constitucional por una actuación ramplona y pedestre.

La reciente visita de la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, a Baja California, fue un espejo incómodo. No solo exhibió una entidad que contrasta brutalmente con la promesa constitucional, —inseguridad, violencia, enfermedad, marginación, pobreza, arbitrariedad e impunidad— sino que dejó al desnudo el enanismo político de buena parte de su clase dirigente.

Para miles de bajacalifornianos la Constitución es literatura jurídica. Para muchos más, letra muerta. Mientras tanto, quienes deberían ser sus guardianes corrían tras la Jefa de Estado para obtener una fotografía, una selfie, un instante de autopromoción. El espectáculo fue tan bochornoso que incluso la Presidenta, conocida por su mesura, tuvo que poner un alto con una frase tan simple como demoledora: “Pónganse a trabajar”.

Nadie con un compromiso mínimo con las instituciones democráticas puede guardar silencio frente a este deterioro. Resulta preocupante —por decir lo menos— observar a diputados locales exhibiendo iracundia, impuntualidad o frivolidad como si fueran rasgos menores. No lo son. Son síntomas de una profunda falta de comprensión del papel que desempeñan en el entramado constitucional.

Más grave aún fue escuchar a un senador de la República declarar, sin rubor alguno, que “tenemos la instrucción de nuestra presidenta de más territorio, menos escritorio”. La frase, más allá de su tono efectista, revela una confusión peligrosa. Un senador no recibe instrucciones del Ejecutivo. Representa a un poder constitucional autónomo. Declaraciones así no solo empobrecen el debate público, sino que alimentan —innecesariamente— la narrativa de una subordinación del Legislativo al Ejecutivo, justo la que la oposición utiliza para advertir sobre una deriva autoritaria.

Celebro la visita de la Presidenta. Celebro, incluso más, el reproche público que dirigió a otros detentadores de poder. Quedó claro que no todas y todos quienes integran la llamada Cuarta Transformación están, en los hechos, alineados con los principios que repiten en el discurso. Ojalá la dirigencia del partido en el poder tome nota y, de cara a futuras candidaturas, priorice capacidad intelectual, solvencia política y formación cultural, antes que lealtades acríticas o incondicionalidades personales. El costo del ridículo institucional ya es demasiado alto en esta entidad.

Y a ustedes, legisladoras y legisladores, una última precisión elemental: el cumplimiento de la Constitución y de la ley no es discrecional. No es una sugerencia ni un recurso retórico.
Si no les gusta la Constitución, cámbienla.
Pero si no la cambian, cúmplanla.

Feliz 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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