Punto Crítico – Cuando el poder llega antes que la capacidad de gobernar

La experiencia reciente de Baja California ofrece un ejemplo particularmente útil para evaluar los límites del diseño político-electoral vigente. No se trata de un juicio personal ni de una controversia coyuntural, sino de un caso que permite observar cómo la aceleración del acceso al poder, sin controles institucionales suficientes, termina por traducirse en crisis de gobernabilidad y debilitamiento del Ejecutivo.

La trayectoria política de Marina del Pilar es ilustrativa en ese sentido. En un lapso extraordinariamente breve transitó por la diputación federal, la presidencia municipal de Mexicali y la gubernatura del estado, abandonando anticipadamente cada uno de los cargos para los que fue electa. Esta secuencia fue jurídicamente posible, pero políticamente costosa: sustituyó la consolidación en el ejercicio del poder por la acumulación de posiciones, erosionando el sentido del mandato representativo y dejando al Ejecutivo con una legitimidad formal, pero con escasa capacidad de conducción.

Este fenómeno debería ser una advertencia central para cualquier eventual reforma electoral. Mientras el sistema siga incentivando las carreras políticas meteóricas —sin exigir continuidad, responsabilidad ni rendición de cuentas—, seguirá produciendo liderazgos frágiles, vulnerables a crisis y carentes de autoridad funcional. El problema no es la movilidad política en sí, sino la irresponsabilidad institucionalizada que permite convertir cada cargo en un simple trampolín.

A esta debilidad estructural se suma hoy una crisis de gobernabilidad que no puede ser minimizada. El caso que involucra al exesposo de la gobernadora, más allá de su desenlace jurídico, ha tenido un impacto directo en el ejercicio del poder. No porque se trate de responsabilidades penales acreditadas, sino porque ha expuesto un déficit de control político del entorno inmediato del Ejecutivo, obligando al gobierno a operar permanentemente en modo defensivo, concentrado en la contención del daño reputacional y no en la conducción efectiva de la agenda pública.

En los sistemas democráticos, la gobernabilidad se erosiona cuando la investidura pierde capacidad de ordenar, coordinar y generar confianza. Un Ejecutivo sólido anticipa riesgos y protege la institución; uno débil reacciona tarde y traslada el costo político al propio Estado. Lo ocurrido en Baja California confirma que la fragilidad de origen —derivada de trayectorias aceleradas— se traduce inevitablemente en vulnerabilidad frente a escenarios de crisis.

Este contexto también pone de relieve una crisis identitaria del régimen político. Se ha desdibujado el criterio para evaluar el poder: el desempeño ha sido desplazado por la narrativa, y la responsabilidad por la pertenencia simbólica. Se insiste en presentar atributos identitarios como sustitutos del mérito político, cuando en realidad el mérito es neutral a la identidad y la capacidad de gobernar no admite atajos discursivos. El género, la causa o el relato no compensan la falta de controles, experiencia y autoridad institucional.

Finalmente, conviene subrayar un elemento frecuentemente omitido: Baja California no es determinante en términos electorales nacionales. Su peso en la aritmética del poder es limitado. Su relevancia es, sobre todo, simbólica. Funciona como bandera política, como espacio de validación narrativa de proyectos que se presentan como democráticos y modernizadores. Precisamente por eso, la crisis de gobernabilidad en la entidad resulta especialmente significativa: no compromete solo a un gobierno local, sino la coherencia del discurso político que se construye a partir de él.

Baja California no es una excepción ni un accidente. Es un caso paradigmático. Muestra con claridad los costos institucionales de un sistema que premia la velocidad sobre la solidez, la identidad sobre el mérito y la narrativa sobre la gobernabilidad. Mientras una reforma electoral no enfrente estos incentivos —regulando las trayectorias políticas irresponsables y fortaleciendo los mecanismos de control del poder—, el problema no será quién gobierna, sino cómo y con qué capacidad.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor