Punto Crítico – Aprobación sin absolución: la estabilidad aparente del poder en Baja California

La más reciente encuesta realizada por Plural.Mx, en la que se destaca la persistencia de niveles elevados de aprobación hacia la titular del Ejecutivo estatal de Baja California, en medio de controversias públicas, tensiones administrativas recurrentes, -incluidas fricciones con gobiernos municipales y cuestionamientos sostenidos en materia de seguridad— nos debe obligar a abandonar lecturas simplistas y reflexionar sobre diversos aspectos que subyacen a dichos resultados.

La aprobación no es sinónimo de absolución política ni prueba automática de buen gobierno; más bien revela una mutación incómoda en la relación entre ciudadanía, poder y responsabilidad institucional: la normalización del conflicto como condición ordinaria del ejercicio gubernamental.

La discusión pública suele oscilar entre extremos poco útiles: quienes utilizan la aprobación como escudo moral para desestimar cualquier crítica y quienes asumen que toda polémica mediática anticipa el colapso político. Desde este momento es importante sostener que, ambos enfoques ignoran una realidad más compleja: el sistema político local parece haber entrado en una fase donde la aprobación funciona como indicador de estabilidad simbólica del poder, no necesariamente como evaluación rigurosa del desempeño administrativo.

Desde una perspectiva jurídico-institucional, conviene distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de desempeño. La primera se sostiene en la investidura democrática; la segunda depende de resultados verificables y de la calidad de la gestión pública. En Baja California parece operar una legitimidad amortiguada: la pertenencia al bloque político dominante y la narrativa nacional continúan proporcionando cobertura simbólica suficiente para contener el desgaste provocado por controversias locales.

En la entidad y en el país entero, me parece, la aprobación no está resolviendo las crisis del poder; está administrando su percepción.

No se debe ignorar que parte de esa estabilidad descansa también en factores tangibles: la percepción de continuidad administrativa en ciertos programas, la estabilidad económica relativa en zonas industriales y la sensación de funcionalidad institucional mínima. Factores que contribuyen a que amplios sectores ciudadanos evalúen al gobierno desde su experiencia cotidiana más que desde el debate político especializado.

En una cultura política fronteriza profundamente pragmática, mientras la vida diaria no se perciba en colapso, el conflicto político se convierte en paisaje.

No obstante, esta estabilidad aparente también se explica por una variable estructural incómoda: la debilidad sistémica de la oposición. La fragmentación partidista, la ausencia de liderazgos con arraigo territorial sólido y la incapacidad para articular un proyecto alternativo coherente han reducido la competencia política a una lógica reactiva. Las críticas existen, pero rara vez se traducen en canalización institucional efectiva del descontento. El resultado es un consentimiento pasivo donde la aprobación relativa puede reflejar más la falta de reemplazo creíble que una adhesión entusiasta al gobierno.

Cuando la oposición se limita a administrar el descontento sin convertirlo en alternativa, la aprobación del gobierno deja de ser fortaleza propia y se convierte en síntoma de debilidad sistémica.

Esta dinámica produce un fenómeno menos visible pero profundamente institucional: la ciudadanía aprende a separar crítica y respaldo como ejercicios simultáneos. Se cuestionan decisiones, se reconocen fallas, se expresa malestar. Pero, se mantiene la aprobación general porque el sistema político ofrece pocas rutas creíbles de sustitución. La gobernabilidad se sostiene entonces no sólo por legitimidad activa, sino por una forma silenciosa de adaptación democrática.

A esta lógica se suma la normalización del escándalo en un ecosistema político saturado de controversia permanente. Cuando los cuestionamientos administrativos, las disputas entre niveles de gobierno y las crisis sectoriales se vuelven parte del ciclo político cotidiano, el umbral de indignación ciudadana se eleva y el sistema aprende a absorber el conflicto sin modificar necesariamente prácticas ni fortalecer controles institucionales. La aprobación deja entonces de ser un termómetro confiable de calidad democrática y se convierte en indicador de resiliencia narrativa del poder.

Cuando la ciudadanía aprende a convivir con gobiernos que cuestiona, la estabilidad deja de ser virtud democrática y empieza a parecerse a costumbre institucional.

Y aquí aparece el punto más incómodo: un sistema político donde la aprobación sobrevive a conflictos recurrentes sin consecuencias institucionales claras puede estar mostrando estabilidad o acostumbramiento al deterioro. La democracia no se erosiona cuando existe crítica; se erosiona cuando el poder aprende que puede convivir con ella sin cambiar nada.

Porque cuando la aprobación sustituye a la rendición de cuentas como argumento de legitimidad, el riesgo deja de ser la crisis visible y se convierte en una erosión silenciosa de los mecanismos que permiten corregir al poder y cuando la ciudadanía se acostumbra a aprobar gobiernos que reconoce problemáticos, pero inevitables, lo que se consolida no es la gobernabilidad democrática, sino una forma sofisticada de resignación institucional.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor