MEMORIAS DE UN CRIMINALISTA – Tres retos, una generación: la criminología que México necesita

•Del peritaje al diseño de política pública

Por Jesús Alfredo Pérez

México vive un momento paradójico para la criminología: nunca antes había existido tanta demanda social y política de conocimiento especializado en seguridad, y sin embargo pocas veces la disciplina había tenido frente a sí un reto tan grande para no quedar reducida a un complemento técnico de decisiones que ya se tomaron por otras vías. La nueva generación de criminólogos enfrenta una pregunta que no es solo académica: qué lugar puede ocupar su conocimiento en la construcción de la política pública de seguridad.

Ese lugar se construye, primero, alrededor del diagnóstico. Cualquier estrategia de seguridad —un despliegue policial, un programa de prevención, una reforma normativa— funciona mejor cuando parte de un análisis sistemático de las dinámicas delictivas locales y no solo de la urgencia del momento.

Ahí está la gran oportunidad para la nueva generación de criminólogos: dominar herramientas de análisis territorial y georreferenciado del delito, construir series históricas confiables y traducir ese conocimiento en información útil para quienes toman decisiones.
El diagnóstico local debe ser el punto de partida, no un ejercicio posterior, de cualquier intervención.

El segundo reto es dejar atrás la idea de que la violencia se atiende con una sola receta. El crimen organizado responde a estructuras económicas y territoriales que exigen análisis de redes y economía criminal. La delincuencia común, ligada a factores de oportunidad y desorganización social a escala barrial, demanda estrategias situacionales y de cohesión comunitaria. Y la violencia de género, enraizada en relaciones de poder y patrones culturales, requiere protocolos de atención y prevención con enfoque diferenciado y perspectiva de derechos humanos. Diseñar políticas diferenciadas no implica multiplicar programas ni burocracias: implica reconocer que la eficacia de cualquier modelo de prevención depende de distinguir con precisión el tipo de violencia que busca atender.

El tercer reto es, quizá, el más determinante para el futuro de la profesión: ampliar la identidad del criminólogo más allá del ámbito forense y pericial. Durante décadas, la disciplina se orientó casi exclusivamente hacia la reconstrucción de hechos delictivos y el apoyo técnico a la procuración de justicia —un aporte valioso e insustituible— que, sin embargo, mantuvo a la criminología al margen de los espacios donde se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas de seguridad y prevención. La nueva generación tiene ante sí la oportunidad de posicionarse también como diseñadora, implementadora y evaluadora de política pública, desarrollando competencias en planeación estratégica, indicadores, teoría del cambio y articulación interinstitucional.

Estos tres retos —el diagnóstico técnico, la diferenciación de las violencias y la ampliación del rol profesional— no son desafíos aislados: son expresiones de una misma oportunidad histórica. Cuando el conocimiento criminológico se convierte en eje articulador e integrador de los modelos de prevención del delito y las violencias, y no solo en un insumo convocado después del hecho, la disciplina cumple plenamente su función social.

Ese es el desafío generacional que hoy tienen frente a sí quienes se forman como criminólogos en México: no limitarse a explicar por qué ocurrió un delito después de que sucedió, sino anticipar, diseñar y evaluar los modelos preventivos que ayuden a evitar su reproducción. Es también, en el fondo, una invitación abierta a la academia, a las autoridades y a la ciudadanía para construir juntos, desde la evidencia, la seguridad que el país necesita.

* Jesús Alfredo Pérez Hernández es fundador de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, preventólogo y especialista en temas de análisis, prevención y tópicos forenses. Autor de los segmentos Memorias de un Criminalista, Bitácora y Apuntes de un Forense, y Disección Urbana —este último auspiciado por el Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana—.

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