IEEBC pisotea la Constitución por capricho de Adame

Tijuana BC 5 DE FEBRERO DE 2026.-El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) enfrenta serias acusaciones de irregularidades procesales y posible parcialidad en el trámite de una queja por violencia política en razón de género presentada por la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, contra el periodista Said Betanzos Arzola.

Según testimonios anónimos de trabajadores del propio organismo electoral, la notificación de medidas cautelares se ordenó de manera apresurada, ignorando el orden legal establecido y priorizando la velocidad sobre las formalidades que exige la ley. Fuentes internas señalan que se instruyó intentar la notificación “por cualquier medio disponible”, incluyendo canales electrónicos, sin acreditar primero la imposibilidad de una notificación personal, como lo requiere el artículo 302 de la Ley Electoral del estado.

Esta omisión contraviene directamente los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíben cualquier acto de autoridad sin un procedimiento previo, fundado y motivado, y con notificaciones practicadas conforme a derecho. Además, viola el artículo 19 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IEEBC, que declara nulas las notificaciones realizadas en términos distintos a los previstos en la legislación electoral.

La motivación detrás de esta prisa, de acuerdo con los mismos reportes internos, habría sido concretar la notificación antes de un foro público encabezado por la propia alcaldesa Adame Muñoz, promotora de la queja. El procedimiento se originó a partir de publicaciones del periodista que cuestionaban aspectos de la función pública de la edil y mencionaban a familiares suyos en relación con el ejercicio del poder municipal.

Como servidora pública, la alcaldesa está sujeta al escrutinio legítimo de la ciudadanía y de la prensa, por lo que el uso de la figura de violencia política de género en este contexto genera preocupación: podría interpretarse como un mecanismo para inhibir el periodismo crítico en lugar de proteger derechos fundamentales.

A las irregularidades procesales se suma un posible conflicto de interés. El presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, ha reconocido públicamente —en sesiones anteriores— mantener una relación societaria con hermanos de Rocío Adame Muñoz. Uno de esos familiares fue precisamente aludido en algunos de los trabajos periodísticos de Betanzos. Este vínculo ha generado cuestionamientos internos sobre la imparcialidad del órgano en el manejo del caso.

Personal del Instituto advirtió que la forma irregular en que se ordenó la notificación podría derivar en nulidades procesales y responsabilidades administrativas para quienes incurrieron en las omisiones.

Otro elemento que profundiza las dudas es la propia existencia de la queja: empleados del IEEBC indicaron que se afirmó que la alcaldesa la había enviado por correo electrónico, pero dicho correo no fue localizado en los sistemas ni se logró ratificar su recepción o existencia. “Si no hay correo ni evidencia del mismo, ¿cómo se tuvo conocimiento de la inconformidad contra el periodista?”, se preguntaron las fuentes consultadas.

Este caso pone en entredicho la independencia del IEEBC y su compromiso con el debido proceso y la libertad de expresión en Baja California, en un momento en que el uso de denuncias por violencia política de género contra comunicadores requiere el más alto estándar de transparencia y apego estricto a la ley para no convertirse en herramienta de censura selectiva.