EU Sanciona a Diputada Araceli Brown por Presuntos Vínculos con “La Mayiza”

Tijuana BC 18 de septiembre de 2025.-En un golpe directo al corazón de la política mexicana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, en su lista de sancionados por supuestos nexos con la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa.

La exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, es acusada de actuar como operadora política para los líderes criminales, facilitando el lavado de dinero, extorsiones y protección a actividades ilícitas durante su mandato municipal.

Esta revelación no solo congela sus activos en territorio estadounidense, sino que ha desencadenado una tormenta en México, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueando sus cuentas bancarias locales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense detalla en su informe que Brown, de 53 años y originaria de Baja California, mantenía una «estrecha relación» con los hermanos Arzate García –conocidos como «La Rana» y «El Aquiles»–, líderes regionales de «Los Mayos».

Según la acusación, la diputada habría intermediado en la recolección de pagos de extorsión a negocios locales y proporcionado cobertura a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosarito.

Junto a ella, se sancionaron a otros implicados como el transportista Candelario Arcega Aguirre («El Cande») y el empresario Jesús González Lomelí, formando una red que operaba en la frontera para blanquear ganancias del narcotráfico.

«Esta es una red criminal que no solo trafica fentanilo y otras drogas mortales, sino que corrompe instituciones políticas para perpetuar su dominio», declaró un portavoz de la OFAC en el comunicado oficial, destacando que las sanciones abarcan 15 empresas y cinco individuos vinculados a la facción liderada por Ismael «El Mayo» Zambada, recientemente capturado.

La medida prohíbe cualquier transacción con Brown en EE.UU. y expone cómo el crimen organizado infiltra la esfera pública, un problema que ha escalado en Baja California, zona clave para el trasiego de drogas hacia el norte.

Brown, quien asumió su escaño en la Cámara de Diputados apenas en septiembre de 2024 tras su reelección, ha rechazado vehementemente las imputaciones.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora calificó las sanciones como «infamias» y un «ataque político» orquestado por sus adversarios, posiblemente en respuesta a su apoyo al movimiento de la Cuarta Transformación.

«Desconozco por completo esta situación y no he recibido ninguna notificación oficial. Soy víctima de una campaña de desprestigio», afirmó, exigiendo una investigación imparcial.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó respeto por la investigación estadounidense pero aclaró que su administración carece de más detalles.

«Cooperaremos si es necesario, pero no tenemos información adicional», dijo en conferencia de prensa.

En el Congreso, aliados de Morena como Gerardo Fernández Noroña han calificado las acusaciones de «irresponsables», aunque no negaron la existencia de contratos firmados por Brown con figuras ligadas al crimen, como «El Cande», detenido en 2009 por producción de metanfetaminas.

Este caso no es aislado: Baja California ha sido un foco rojo para la infiltración narco en la política. Brown, quien fue presidenta municipal de Rosarito de 2019 a 2021 y reelegida en 2021, ha sido señalada previamente por irregularidades en su gestión, incluyendo contratos opacos y denuncias de corrupción.

La sanción llega en un momento crítico para México, con el fentanilo matando a decenas de miles en EE.UU. y tensiones bilaterales por el control del narcotráfico.

Expertos advierten que esto podría erosionar la confianza en Morena, partido en el poder, y cuestionar la efectividad de las estrategias antinarco del gobierno federal. ¿Será este el inicio de una purga mayor en la política fronteriza?

La diputada, amparada por su fuero constitucional, enfrenta ahora un escrutinio que podría definir su carrera y exponer grietas profundas en el sistema.

Mientras tanto, en redes sociales, el hashtag #NarcoDiputada se viraliza, con usuarios exigiendo su destitución inmediata. El Congreso debe actuar: la impunidad no puede ser opción en un país asediado por el crimen organizado.