14 de noviembre de 2025
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EL SILENCIO DE IMOS TIENE NOMBRE Y RESPONSABLE

Los hechos hablan por sí solos. Con denuncias presentadas, con alertas públicas y con oficios entregados, Vivían Baldenegro ha preferido la omisión.

Julio Alberto Vivían Baldenegro: el funcionario que permite que el transporte público de Tijuana arda en la ilegalidad

Por Humberto Figueroa

Tijuana BC 8 de septiembre de 2025.-La crisis en la ruta de transporte público Mirador-Jardín–Centro tiene nombre y responsable. Julio Alberto Vivían Baldenegro, Coordinador de Delegados de IMOS Baja California, ha sido testigo directo del conflicto entre Permisionarios Asociados Lavenant A.C. (PALAC) y la organización irregular encabezada por Daniel García Tirado y Salvador (Chava), pero hasta hoy no ha resuelto lo esencial: el respeto al verdadero derecho de los permisionarios legalmente constituidos.

Cuando un funcionario se cruza de brazos, la ley se convierte en papel mojado.

Los hechos hablan por sí solos. Con denuncias presentadas, con alertas públicas y con oficios entregados, Vivían Baldenegro ha preferido la omisión. La quema de una unidad de transporte, perteneciente a un chofer agremiado a PALAC, no es un hecho aislado: es el símbolo de que la inacción de IMOS ya envió un mensaje claro a los violentos. Lo que no enfrenta la autoridad, lo terminan resolviendo las llamas.

No se trata de que Julio Alberto Vivían Baldenegro desconozca el problema. Él ha estado presente en reuniones, ha escuchado los reclamos y ha atestiguado los intentos de acuerdo. Pero después se lava las manos, dejando a los verdaderos permisionarios en un callejón sin salida. Su actitud plantea la pregunta incómoda: ¿protege intereses ajenos a sus funciones?
Quien calla frente a la ilegalidad, termina siendo parte de ella.

Mientras tanto, los choferes vinculados a Daniel García Tirado y, Salvador, actúan con absoluta impunidad. Manipulan anuncios con el nombre de IMOS, se adueñan de sitios de taxis, meten unidades dadas de baja y siembran tensión entre Permisionarios. Y en lugar de frenarlos, Vivían Baldenegro tolera su presencia, legitimando con su silencio lo que es a todas luces una invasión de ruta.

El verdadero derecho de los transportistas de PALAC está en los documentos, en las concesiones y en los años de servicio. Pero ese derecho ha sido pisoteado por la negligencia de Julio Alberto Vivían Baldenegro, quien ignora los oficios, evade las respuestas y, con su inacción, deja en duda el compromiso del IMOS con el Estado de derecho. El funcionario que ignora el derecho, alimenta la fuerza del atropello.

El incendio de una unidad no fue un accidente: fue un aviso. Hoy fue el patrimonio, mañana puede ser la vida de un chofer o un usuario. Y si esto ocurre, la responsabilidad recaerá directamente en quienes tenían la obligación de actuar, en primer lugar, en Julio Alberto Vivían Baldenegro, que ya permitió que la violencia dictara la agenda del transporte público en Tijuana.

Aún más grave, el grupo encabezado por Daniel Tirado García alardea públicamente de estar “blindado” y “amparado” para que IMOS no pueda tocarlos. Esa narrativa de impunidad no solo envalentona a quienes actúan fuera de la ley, sino que exhibe la debilidad de la propia institución. Si los invasores presumen protección y la autoridad guarda silencio, el mensaje hacia los transportistas legales es devastador: que la violencia y el despojo tienen más peso que la legalidad.

Por ello, el llamado es claro. La Fiscalía del Estado debe investigar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales de los ataques. Pero, sobre todo, la gobernadora debe exigir cuentas a Julio Alberto Vivían Baldenegro y a IMOS, porque hasta hoy no han cumplido su papel de garantizar el orden, la legalidad y la seguridad de los verdaderos permisionarios.

Gobernadora, no permita que un funcionario pasivo se convierta en el sepulturero del Estado de derecho.

Tijuana no puede seguir siendo rehén de grupos violentos y de funcionarios omisos. El transporte público debe ser espacio de servicio, no de terror. Los ciudadanos y los transportistas ya hicieron su parte; ahora le toca a la autoridad. La historia recordará a quienes defendieron la ley y también a quienes, como Julio Alberto Vivían Baldenegro, prefirieron la indiferencia.
La omisión tiene nombre y apellido, y su costo lo paga todo un Estado.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor