BUSCAN PRESENTAR DENUNCIA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL IMOS
BUSCAN PRESENTAR DENUNCIA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL IMOS
El funcionario involucrado apunta a Julio Alberto Vivían Baldenegro, coordinador de delegados, que podría ser un eslabón más dentro de la red de una presunta corrupción que rodea a Carlos Torres Torres, una estructura que parece haberse extendido desde la política electoral hasta la administración pública.
Por Humberto Figueroa
Tijuana BC 8 de octubre de 2025.-En medio de un clima de creciente inconformidad dentro del sector transporte, Permisionarios Asociados LAVENANT A.C. (PALAC) han iniciado conversaciones con su equipo jurídico para entablar las acciones legales que correspondan en contra de quien resulte responsable por actos de corrupción dentro del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS).
El funcionario involucrado apunta a Julio Alberto Vivían Baldenegro, coordinador de delegados de IMOS, y que detrás de él se encuentra otro nombre que hoy resuena en los pasillos políticos: Carlos Torres Torres, quien habría sido su principal impulsor dentro de la estructura estatal.
De acuerdo con fuentes cercanas al sector, Vivían Baldenegro fue colocado en el cargo gracias a su antigua relación de servicios con Torres Torres, a quien apoyó con labores de perifoneo durante campañas electorales pasadas con el Partido Acción Nacional (PAN).
Hoy, el propio Carlos Torres Torres se encuentra fuera de la esfera política tras verse involucrado en casos de corrupción al verle retirado su visa EU, esto han dejado mal parado al gobierno estatal.
Ante este panorama, todo apunta a que Vivían Baldenegro podría ser un eslabón más dentro de la red de corrupción que rodea a Carlos Torres Torres, una estructura que parece haberse extendido desde la política electoral hasta la administración pública.
Este vínculo explica, en parte, la impunidad con la que se ha conducido Vivían Baldenegro dentro del IMOS, amparado en una red de favores políticos que ha distorsionado la función pública.
La decisión de los transportistas obedece a una serie de irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción que, aseguran, han sido documentados sin que las autoridades competentes actúen.
Durante una reunión reciente, Benito Lavenant Escalante, presidente de la agrupación, expresó su preocupación por la falta de transparencia y el trato desigual hacia las organizaciones legalmente constituidas. “Es imperativo que se investiguen estos hechos con honestidad y rigor. No podemos seguir permitiendo abusos desde dentro de las instituciones que deberían velar por la movilidad de todos”, señaló.
Los permisionarios exigen la suspensión inmediata de Julio Alberto Vivían Baldenegro, a quien acusan de favorecer a grupos irregulares y de obstaculizar el trabajo de quienes operan con documentación y permisos en regla.
Los abogados que acompañan a la agrupación ya comenzaron a recopilar datos de prueba pertinentes para una posible denuncia de tipo penal.
“Estamos comprometidos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias; no se trata solo de defender nuestros derechos, sino de limpiar al Instituto de Movilidad de la sombra de la corrupción”, afirmaron los representantes legales.
Los permisionarios confían en que este proceso marque el inicio de una nueva etapa de transparencia, justicia y rendición de cuentas dentro del sistema de transporte en Baja California.
De acuerdo con versiones de actores del propio sector, aún existen evidencias fehacientes que podrían ser reveladas a la luz pública, documentos y testimonios que demostrarían la profundidad del caso que podrían exponer cómo la corrupción en el transporte no es casual, sino parte de un entramado cuidadosamente sostenido desde la delegación que dirige Julia Alberto Vivían Baldenegro.

