Araceli Brown se aferra al cargo ante acusaciones de narcotráfico: ¿Presunción de inocencia o impunidad institucional?

Mexicali BC 27 de septiembre de 2025.-En un contexto donde la lucha contra la corrupción y los nexos con el crimen organizado se ha convertido en un mantra del gobierno federal, la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, ha optado por una postura desafiante que pone en tela de juicio la ética política en México.

«No tengo yo por qué dejar el cargo», declaró la legisladora tras ser señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunta colaboradora del Cártel de Sinaloa, específicamente del grupo conocido como «La Mayiza».

Esta respuesta, emitida durante el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Mexicali, no solo ignora las graves implicaciones de las sanciones internacionales, sino que revela una desconexión entre el discurso oficial de Morena sobre la honestidad y la realidad de sus representantes.

Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito, fue incluida en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos por supuestamente brindar «apoyo político» a facciones del narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses exigen el congelamiento de sus cuentas bancarias en México, una medida que, de implementarse, podría exponer vulnerabilidades en el sistema financiero nacional. Sin embargo, la diputada se ampara en su estatus de «electa» y en la presunción de inocencia, argumentando que «no hay un motivo por el cual yo tenga que renunciar».

Esta defensa, aunque legalmente válida, resulta criticable en un país donde la percepción de impunidad erosiona la confianza en las instituciones. ¿Acaso no debería un funcionario público priorizar la integridad del Congreso sobre su permanencia personal?

La crítica se profundiza al considerar el contexto partidista. Morena, el partido en el poder, ha prometido erradicar la corrupción y los vínculos con el crimen organizado, pero casos como este sugieren una doble moral. Mientras el gobierno federal presume de avances en seguridad, una de sus diputadas federales rechaza apartarse temporalmente para permitir una investigación imparcial.

Esto no solo daña la imagen de Morena, sino que alimenta narrativas opositoras sobre la permeabilidad del partido a influencias ilícitas. En comparación con otros escándalos, como los de exfuncionarios de administraciones pasadas que sí renunciaron ante acusaciones similares, la postura de Brown parece un retroceso en la accountability política.

Además, las repercusiones diplomáticas no son menores. Las sanciones de EE.UU. podrían complicar las relaciones bilaterales en materia de narcotráfico, un tema sensible en la agenda México-Estados Unidos.

Al mantenerse en el cargo, Brown no solo arriesga su propia credibilidad, sino que expone al Congreso a un escrutinio internacional innecesario.

Expertos en derecho constitucional argumentan que, aunque no hay obligación legal inmediata de renunciar, la ética pública demandaría un paso al costado para evitar conflictos de interés y preservar la legitimidad del poder legislativo.

En última instancia, la declaración de Brown Figueredo refleja un problema sistémico: la priorización del poder sobre la transparencia.

Si Morena aspira a ser un partido transformador, debería exigir a sus miembros un estándar más alto que el mero cumplimiento legal.

De lo contrario, frases como «no tengo yo por qué dejar el cargo» se convierten en un eco de la vieja política que tanto critican, perpetuando un ciclo de desconfianza que México no puede permitirse.