Radiografía Política – El blindaje que no alcanzó

La retórica oficialista sobre la «honestidad valiente» y la «transformación» en Baja California acaba de chocar de frente contra una realidad ineludible. Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y durante años el hombre con mayor influencia en la sombra del Poder Ejecutivo estatal, recibió un revés judicial decisivo: un Juzgado Federal en Mexicali le negó la suspensión provisional contra el congelamiento de sus cuentas bancarias e inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, el revés del Poder Judicial no es más que el síntoma de una crisis política y moral mucho más profunda que salpica de lleno a la titular del Ejecutivo estatal.

Como reveló el semanario ZETA, la inmovilización de los activos de Carlos Torres por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —bajo el acuerdo 471/2026— no nació de una investigación interna del Estado mexicano, sino del manotazo sobre la mesa asestado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado 29 de septiembre de 2026.

La designación estadounidense no escatima en gravedad: señala a Torres de proveer «apoyo financiero, material o tecnológico, o el suministro de bienes y servicios» a favor del Cártel de Sinaloa, articulando una red de operadores e intermediarios con ramificaciones directas en Tijuana, Mexicali, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

En el Juicio de Amparo Indirecto 1161/2026, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Mexicali, el empresario y político pretendió victimizarse alegando «desconocimiento formal» de las causas e invocando la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. No obstante, el 22 de octubre de 2026, la justicia federal fue contundente: el orden público y el interés social están por encima de los intereses particulares de un personaje investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La binomio Marina-Carlos: El mito del distanciamiento conveniente

El intento de Carlos Torres por descongelar sus cuentas en Banorte vuelve a poner bajo el reflector la incómoda, estrecha y por demás cuestionable relación que sostuvo —y que para muchos analistas aún sostiene— con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

1. Gobernanza en co-dependencia: A pesar de no ostentar un cargo de elección popular tras el triunfo de Marina del Pilar, Carlos Torres fungió abiertamente como un «supercoordinador» de proyectos estratégicos y encargados de infraestructura en la entidad. La frontera entre los negocios privados de Torres y las decisiones del Gobierno del Estado de Baja California fue, durante años, deliberadamente difusa.

2. La conveniente fractura marital: Ante la inminencia de las investigaciones internacionales y la creciente presión mediática que arrastraba el político, el divorcio y distanciamiento de la pareja fue presentado públicamente como una separación de caminos. No obstante, la opinión pública y los sectores críticos cuestionan si esta ruptura no representó una maniobra de control de daños y contención política para aislar institucionalmente a la Gobernadora de las actividades de su entonces cónyuge.

3. El círculo cercano bajo sospecha: La sanción del Departamento del Tesoro no solo alcanzó a Carlos Torres, sino también a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y a un entramado de exfuncionarios y empresarios locales (como Pedro Ariel Mendívil García o Marco Antonio Moreno Gómez Santelices), así como a un enjambre de razones sociales —desde desarrolladoras inmobiliarias, centros cambiarios hasta gasolineras y restaurantes— que florecieron y operaron al amparo del poder político en la región.

Preguntas sin respuesta en el Centro de Gobierno

La negativa de la suspensión provisional es un recordatorio de que la presunción de legalidad de la UIF está blindada ante la gravedad de los señalamientos de la OFAC. Mientras el juzgado federal prepara la audiencia incidental del 29 de octubre de 2026 y la audiencia constitucional para el 24 de noviembre de 2026, la gran incógnita ya no es la suerte legal de Carlos Torres, sino la responsabilidad política de la mandataria estatal.

¿Hasta qué punto la estructura del Gobierno del Estado fue utilizada para cobijar o facilitar la red de negocios hoy señalada por el Gobierno de EE. UU.? ¿Sabía la gobernadora Marina del Pilar las conexiones que hoy la OFAC saca a la luz o prevaleció la omisión complaciente?

El discurso anticorrupción del gobierno estatal ha quedado severamente agrietado. Mientras el ex «primer caballero» batalla en los tribunales por recuperar el acceso a sus finanzas, la administración de Marina del Pilar enfrenta el juicio más severo: el de una ciudadanía que observa cómo la sombra del crimen organizado y el lavado de dinero penetró hasta el núcleo más íntimo del poder en Baja California.

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