Punto Crítico – Las instituciones permanecen

La facultad que MORENA, PT y PVEM dieron en 2024 a la presidencia del INE sigue vigente, y pasará intacta a quien llegue, aunque llegue por sorteo.

Antes de las siete de la mañana, en una escuela cualquiera, una mujer que salió sorteada para presidir la casilla recibe una caja de cartón. Adentro vienen las boletas, las actas, el líquido indeleble y los crayones. La abre frente a los representantes de los partidos, revisa los folios y firma. Nadie le pregunta quién fabricó esa caja ni quién autorizó comprarla, porque la confianza de esa mañana descansa en reglas que casi nadie ve. Una de las empresas que surten paquetes electorales al país está hoy en el centro de la crisis que deja al INE, por primera vez en su historia, sin presidencia en pleno proceso electoral federal.

Guadalupe Taddei anunció el domingo que dejaba el cargo. La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera dirán si hubo irregularidades en las contrataciones, y ella ha defendido la legalidad de los procedimientos. A esta columna le basta un hecho documentado. En septiembre de 2025, Taddei designó como director ejecutivo de Administración, el área que valida las compras del INE, a quien había sido representante legal de Cajas Graf y de Corporativo Zeg. Fue denunciado ante el Órgano Interno de Control y salió a finales de abril. Ese nombramiento nunca pasó por el Consejo General, porque la ley ya no lo exigía.

Dejó de exigirlo en octubre de 2024, cuando la mayoría de MORENA, PT y PVEM la reformó para que la presidencia del INE nombrara sola a los directores ejecutivos y a los titulares de unidades técnicas. Hasta entonces cada nombramiento necesitaba ocho de los once votos del Consejo, en sesión pública, y quien aspirara a administrar el dinero del instituto tenía que pasar por el escrutinio de los once. Cuando cuestionaron a Taddei por esa designación, ella invocó precisamente la reforma. La Suprema Corte nunca resolvió si la regla respeta la autonomía del INE. En 2025 faltaron dos votos para invalidarla, y en 2026 la Corte renovada desechó la controversia del propio instituto por tratarse de materia electoral, de modo que la regla sobrevive por aritmética.

A muchos no nos importó cómo se nombraba a los directores del INE mientras confiábamos en quien los nombraba. Según el bando, la reforma se celebró o se condenó, y casi nadie preguntó qué pasaría el día en que la persona fallara. Esa selectividad es humana, y las instituciones se diseñan justamente para no depender de ella. Un contrapeso existe para el día malo. Si solo funciona cuando quien ocupa el cargo es honesto, se convierte en un acto de fe. En su despedida, Taddei escribió que las personas cumplen ciclos y que las instituciones permanecen. La frase describe lo que viene. Ella se va, la facultad se queda, y relevar a la persona sin devolver el contrapeso deja intacta la causa de esta crisis.

Quien llegue después recibirá esa facultad completa. Esta semana los diez consejeros elegirán una presidencia provisional, y en San Lázaro se calculan cuatro o cinco semanas para designar a la definitiva, con un comité técnico y el voto de dos terceras partes. Si esos votos no se reúnen, el cargo se decide por insaculación. Así llegó Taddei en 2023. Nadie que concentra poderes en un solo cargo controla quién va a ejercerlos. Puede ser alguien salido de un sorteo, o alguien pactado con quien mañana tenga los números en la Cámara. Las leyes se escriben para gobiernos que todavía no existen, y una regla que solo parece aceptable en manos propias está mal escrita.

Quienes votaron la reforma tenían un argumento atendible. Durante más de año y medio, la consejera presidenta no consiguió acuerdos en el Consejo para nombrar al secretario ejecutivo ni a varios directores, y un instituto que organiza elecciones no puede vivir de encargados de despacho. Había remedios para esa parálisis que conservaban la revisión colegiada, como plazos para votar, una mayoría menor tras dos intentos fallidos o un límite a las encargadurías. Se eligió el camino más corto, que fue quitarle el voto al Consejo. Los costos del bloqueo eran visibles cada semana, mientras los de la concentración tardaron en llegar y se cobran ahora, a mitad del proceso que renovará la Cámara de Diputados y diecisiete gubernaturas.

Habrá quien lea esto como munición para la oposición. En los últimos días, la Presidenta dijo que no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE y que la autoridad moral nace de la honestidad. Esas palabras tienen una consecuencia institucional, que pasa por restituir la revisión colegiada de los nombramientos. Un movimiento que llegó prometiendo terminar con la discrecionalidad del viejo régimen es el que más arriesga cuando la reproduce en sus leyes, porque pierde la autoridad para reclamarla a los demás. Corregir la regla desde dentro le cuesta menos que esperar a que la corrija alguien más, con otros intereses y con menos cuidado por el instituto.

Hay salidas que no tocan las reglas de la elección en curso. La Constitución prohíbe cambios fundamentales a las leyes electorales durante el proceso, y la Corte ha considerado fundamental todo cambio que altere derechos u obligaciones de los actores, incluidas las autoridades electorales. Por eso la reforma que devuelva al Consejo el voto sobre direcciones y unidades técnicas, con un mecanismo contra el bloqueo y un periodo de espera para quien haya representado a proveedores electorales, puede aprobarse ya y entrar en vigor cuando concluya este proceso. Entre tanto, la Cámara puede pedir a cada aspirante el compromiso público de someter sus nombramientos al Consejo, algo que ninguna ley le impide hacer a la presidencia provisional desde su primer día.

Al Consejo le corresponde otra medida, por acuerdo propio y sin esperar al Congreso. Consiste en obligar a cada proveedor a declarar a sus apoderados y en cruzar esa lista, en público, con la plantilla del instituto. Una de las revelaciones de este mes salió del Registro Público de Comercio, donde el poder que vinculaba a un colaborador de la presidencia con uno de los proveedores estaba inscrito desde 2023, a la vista de cualquiera. Faltaba una regla que pidiera revisarlo antes de firmar un contrato, y esa revisión cuesta muy poco frente a una crisis que fuerza a relevar a quien encabeza el árbitro a poco más de siete meses de la jornada electoral.

Si en unos meses toca a tu puerta un capacitador del INE para avisarte que saliste sorteado, vas a recibir un poder pequeño y vigilado. Contarás votos frente a los representantes de los partidos, cada acta llevará varias firmas y cualquier error podrá revisarse. El sorteo funciona en la casilla porque nadie se queda a solas con el poder. Exige lo mismo para el cargo que está por ocuparse en el INE. Pregúntale a tu diputado cómo piensa votar el relevo y si está dispuesto a devolver al Consejo lo que su bancada le quitó. Hecha por miles, esa pregunta pesa en una Cámara que necesita dos terceras partes para ponerse de acuerdo.

La caja que una funcionaria abrirá en junio debería llegar respaldada por algo más firme que la honradez de quien autorizó la compra. Para eso sirven las reglas que obligan a varios a ponerse de acuerdo, aunque estorben y aunque retrasen. Los legisladores que votaron la reforma de 2024 tienen cinco semanas para nombrar a quien presida el INE. Si en ese trámite solo cambian el nombre, la regla que abrió paso a esta crisis quedará esperando al siguiente titular. Quien legisla pensando solo en sus aliados escribe para un tiempo muy corto, y el periodo que resta en la presidencia del instituto corre hasta 2032, tiempo suficiente para que la mayoría de hoy deje de serlo.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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