Punto Crítico – El arroyo llegó primero

El sábado 10 de octubre, con las lluvias de la tormenta tropical Rachel sobre la península, la corriente del arroyo El Pípila creció en Maneadero y arrastró el vehículo en el que estaba una familia llegada de Hermosillo unos tres meses antes. Eran cinco: una madre de treinta y cinco años, su hermana de treinta, dos adolescentes de trece y catorce y un niño de cuatro. Los fueron encontrando entre el domingo y el martes en puntos distintos, cerca de un puente en el camino a La Bufadora, junto a un rancho, en el ejido Oaxaca. Al 14 de octubre, el recuento estatal sumaba ocho muertos y dos personas desaparecidas en Ensenada. La colonia donde el agua se llevó a uno de los muchachos se llama como el arroyo.

Ante noticias así, muchos de nosotros reaccionamos con una pregunta que parece sensata; ¿qué hacían ahí? La formulamos con la tranquilidad de quien vive lejos de cualquier cauce, como si el riesgo fuera una elección personal y la desgracia ajena confirmara nuestra prudencia. Esa pregunta tiene una ventaja para quien la hace, porque cierra el asunto antes de que incomode y nos permite lamentar sin exigir. Merece repetirse con otro destinatario. Qué hacía ahí una colonia, qué hacía ahí un camino, quién decidió durante años que la orilla de un arroyo podía poblarse y qué se hizo para que quienes viven en ella supieran cuándo salir.

Llamamos desastre natural a lo que la naturaleza solo empieza. La lluvia cae sobre todos, pero la corriente encuentra a quienes viven en la ruta que siempre ha seguido, y esa ruta rara vez la ocupan quienes pueden elegir dónde vivir. El arroyo estaba ahí mucho antes que la primera casa. Hablar de fatalidad absuelve a todos con elegancia; si fue la naturaleza, nadie tuvo que decidir nada. Y sí hubo decisiones. Alguien trazó los lotes, alguien autorizó o toleró, alguien resolvió que la obra podía esperar otro año, y cada una de esas decisiones tiene fecha, firma y presupuesto.

En este caso, además, había un mapa. Ensenada pasó más de una década con un atlas de riesgos fechado en 2012. Su actualización empezó en 2023, se entregó al Centro Nacional de Prevención de Desastres a principios de 2025 y en junio de este año se anunció su publicación. Ese documento revisó los antecedentes de inundación de Maneadero y de otras localidades del municipio, y cierra con propuestas de estudios, obras y acciones. Cuatro meses después, el agua volvió a Maneadero. Un mapa que identifica el peligro y no se traduce en obra solo sirve para probar que se sabía. Corresponde a la autoridad decir cuáles de esas obras y acciones se ejecutaron ahí.

La exigencia tiene respaldo en la ley, y no es nueva. Desde 2012, el mismo año de aquel atlas, levantar obras o asentamientos en una zona sin análisis de riesgos ni autorización es delito grave, y esas decisiones deben tomarse a la luz de los atlas municipales, estatales y nacional. La Constitución obliga a todas las autoridades a prevenir las violaciones a los derechos humanos, y el primero de esos derechos es seguir vivo. Para saber si un Estado falló en proteger una vida, basta preguntar si sabía o debía saber del riesgo y si hizo lo razonable para evitarlo. Cuando el daño deriva de una actuación administrativa irregular, la Constitución reconoce a las víctimas el derecho a ser indemnizadas.

Se dirá, con razón, que el rezago es de décadas, que ninguna administración puede reubicar en un año a miles de familias y que mucha gente se instala donde la ley lo prohíbe porque no tiene adónde ir. Todo eso es cierto y no exculpa a nadie. Que el problema sea viejo significa que cada gobierno lo recibió y decidió si lo achicaba o lo heredaba más grande. Las autoridades pidieron a la población no cruzar arroyos ni vados, y el llamado era necesario. Cuando el aviso es la única medida, el riesgo colectivo queda convertido en responsabilidad de cada familia, que debe adivinar sola cuánto va a crecer un cauce que tal vez nunca ha visto correr.

La respuesta llegó, y hay que reconocerla. Unos tres mil quinientos elementos, mil quinientos de ellos de fuerzas federales, se desplegaron en la búsqueda; un helicóptero del Ejército rescató a treinta y dos personas aisladas por un deslave, y vecinos de Maneadero se sumaron a buscar y a ayudar a quienes perdieron sus cosas. Esa es la parte del Estado que se ve, la que se fotografía y se agradece. La otra no deja imágenes. Nadie inaugura un permiso negado, una barrera cerrada a tiempo o un mensaje que llegó al teléfono media hora antes de la crecida. Esa obra invisible separa una lluvia fuerte de un funeral, y casi nunca aparece en un informe de gobierno.

Hay tareas que caben en un presupuesto municipal y podrían empezar antes de la próxima temporada de lluvias. Poner el atlas al alcance de cualquier vecino, consultable calle por calle, y hacerlo condición para otorgar permisos, introducir servicios o regularizar lotes. Informar públicamente cuáles de las obras y acciones que el propio atlas propone se han ejecutado, empezando por Maneadero. Inventariar los cruces de arroyos en calles y caminos, con señalización permanente y un protocolo de cierre que se active con la alerta meteorológica. Enviar avisos por zona al teléfono y por altavoz en las colonias de orilla. Y, después de cada muerte en un cauce, entregar un informe público en plazo breve que diga qué falló y quién debía evitarlo.

Los vecinos más viejos de cualquier colonia saben hasta dónde llegó el agua la última vez. Si vives cerca de un arroyo seco y lo cruzas todos los días sin pensarlo, pregúntales hoy, y pide a tu ayuntamiento lo que el atlas dice de tu colonia. Quienes leímos la noticia desde lejos también tenemos tarea, que es sumarle al lamento una pregunta. El duelo que no pregunta nada se repite cada temporada con otros nombres. Exigir que se explique cada muerte es otra manera de acompañar a quienes hoy entierran a los suyos, y procurar que la próxima familia que llegue a esta tierra, como llegó aquella desde Hermosillo, encuentre algo más que buena suerte.

El arroyo llegó primero. Corría por ahí cuando no había colonia, ni camino, ni nombre en el mapa, y volverá a correr cuando llueva fuerte, porque es lo único que sabe hacer. Las instituciones sí pueden aprender. Pueden decidir dónde se crece, qué se autoriza y qué obra no se deja para después, y pueden responder por lo que dejaron de hacer. La colonia lleva el nombre del arroyo y el atlas de la ciudad registraba antecedentes de inundación en Maneadero: la advertencia estaba escrita dos veces. Tomarse en serio lo que un lugar dice de sí mismo es el primer cuidado que se debe a quienes llegan y a quienes ya estaban.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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