Ventanas Rotas – Seguridad sin brújula: El costo de ignorar la evidencia en México

En México, la seguridad ciudadana ha sido abordada, durante décadas, con una lamentable mezcla de urgencia, improvisación, discurso político y condimentada con una pizca de buenas intenciones (como si se tratara de una receta de Chepina Peralta). En lugar de estrategias sustentadas en evidencia empírica y análisis técnico, predominan decisiones reactivas, de corto plazo, que priorizan efectos mediáticos sobre resultados sostenibles (llamados en el argot policial “bomberazos”). Este enfoque ha contribuido a la prolongación y recrudecimiento de la violencia, al debilitamiento institucional y al deterioro de la confianza ciudadana.

Basándonos en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año 2023 cerró con más de 29,000 homicidios dolosos y en 2024 hubo 30,057. Pese a los múltiples cambios de administración y programas en materia de seguridad, las cifras de violencia se han mantenido persistentemente altas. Es aquí donde salta la odiosa pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta parece estar en la raíz: estamos tomando decisiones sin evidencia (Es decir, sin conocimiento y basadas en creencias, no en hechos).

Uno de los errores más recurrentes en el diseño de políticas policiológicas y criminológicas en México ha sido la adopción de modelos extranjeros o propuestas ideológicas sin una evaluación rigurosa de su viabilidad en contextos locales. La falta de diagnósticos adecuados, el escaso uso de datos confiables y la ausencia de evaluaciones independientes perpetúan un ciclo de ensayo y error en el que los errores se pagan con vidas humanas (Si no me creen recuerden cuando a finales de la década de las 90´s se contrató a Rudolph Giuliani para realizar un diagnóstico de seguridad en CDMX que arrojo los mismos resultados de otro trabajo realizado antes por policías del entonces Distrito Federal).

La militarización de la seguridad es quizá el ejemplo más evidente. Desde 2006, México ha depositado en las fuerzas armadas tareas de seguridad ciudadana bajo el argumento de su eficacia operativa. No obstante, múltiples estudios han documentado que este modelo no solo ha sido ineficaz para reducir la violencia, sino que ha incrementado los riesgos de violaciones a derechos humanos (no porque no estén preparados o mal equipados, si no debido a que de génesis su formación labor es de otra índole).

El informe de Human Rights Watch (2023) y los propios datos de la CNDH evidencian un aumento sostenido en quejas contra personal militar desde que se les asignaron labores de patrullaje y control civil. Además, investigaciones académicas como la de Ríos y Shirk (Justice in Mexico, 2021) demuestran que la presencia militar no guarda correlación directa con una disminución sostenible del crimen.

La improvisación ha alcanzado incluso áreas tan sensibles como la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas. El caso del fallido Registro Nacional de Personas Desaparecidas es paradigmático: sin financiamiento adecuado, sin coordinación entre órdenes de gobierno y con metodologías opacas, los registros oficiales han sido cuestionados incluso por las familias de las víctimas.

En 2024, un reportaje de El País reveló que la cifra real de desaparecidos podría estar significativamente subestimada por la “depuración” de datos sin consulta ni transparencia. Incluso, escondiendo a víctimas mortales de la violencia en categorías como: “desaparecidos” y “otros tipos de delito que atentan contra la visa”. Este tipo de decisiones sin evidencia ni participación social solo abona a la desconfianza y al retraimiento de la ciudadanía frente al Estado.

Del mismo modo, las estrategias preventivas de violencia y delincuencia como los programas de «mochila segura», puntos fijos de control o los toques de queda informales que algunos municipios y comunidades han adoptado de manera unilateral no han mostrado impacto en la reducción de delitos y la violencia, generan tensiones legales y sociales.

La falta de estrategias claras y de largo plazo ha provocado una desarticulación entre los distintos actores del sistema de seguridad y justicia. Fiscalía, policía municipal, Guardia Nacional, ejército y gobiernos estatales actúan muchas veces con criterios contradictorios, compitiendo por recursos o protagonismo político.

Según un informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la dispersión institucional y la ausencia de una política nacional coordinada han obstaculizado la implementación efectiva de modelos exitosos como la justicia cívica, la mediación comunitaria o la policía de proximidad.

La consecuencia directa de esta fragmentación es que ningún actor asume responsabilidad plena sobre los resultados. Y cuando todos son responsables, nadie lo es realmente.

La buena noticia es que existen alternativas. Países como Colombia, Chile y algunos estados de EE.UU. han logrado avances significativos al adoptar políticas públicas basadas en evidencia. En México también hay ejemplos alentadores: municipios como Escobedo (Nuevo León) y programas como el de Justicia Cívica en Morelia han mostrado resultados positivos al aplicar intervenciones probadas, con evaluación constante y participación ciudadana.

Adoptar una perspectiva de “gobierno basado en evidencia” no es un lujo tecnocrático: es una necesidad urgente. Esto implica:

1. Diagnósticos rigurosos: Invertir en datos confiables y análisis territorial del delito.
2. Evaluación de impacto: Toda política debe medirse, no solo por intenciones, sino por resultados.
3. Rendición de cuentas (que en México le tenemos fobia): Los responsables de las políticas deben asumir su desempeño, con consecuencias claras.
4. Participación ciudadana: Incluir a la comunidad en el diseño y revisión de las políticas mejora la legitimidad y eficacia de las acciones.

Documentos como las “Guías para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia” de CONEVAL y la Secretaría de Gobernación (2021) ofrecen rutas claras para transitar hacia este modelo. No se trata de inventar de cero, sino de adaptar lo que ya sabemos que funciona, el problema es que ni a las autoridades políticas ni a muchos mandos policiales les gusta investigar.

La crisis de seguridad en México no se resolverá con más recursos ni con discursos más duros. Se resolverá cuando el Estado (en sus distintos órdenes) tome decisiones informadas, medibles y orientadas a resultados. Mientras sigamos diseñando políticas con base en percepciones, intuiciones o presiones mediáticas, estaremos condenados a repetir los mismos errores.

El tiempo de improvisar ya pasó. Lo que hoy se necesita es claridad, ciencia y compromiso político real. Solo así podrá México aspirar a construir una paz duradera, con justicia y con verdad.

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*El Mtro. Guillermo Alberto Hidalgo Montes, es Profesional en Materia de seguridad con más de 25 años de experiencia en el servicio policial en los tres órdenes de gobierno, tanto en áreas operativas, así como académicas. Consultor independiente en el ámbito corporativo. Experiencia docente a nivel nacional e internacional. Único mexicano que ha sido cuatro veces director de academias de formación policial en cuatro estados diferentes. Con tres obras publicadas (dos de ellas parte del acervo de la biblioteca de la Academia del FBI en Quántico, Virginia) Perito en Pandillas y Delincuencia Organizada en Arizona, Estados Unidos. Perito en Uso de la Fuerza en Baja California. Investigador certificado por la ATF en Explosiones. Colaborador en áreas de seguridad en medios de comunicación en México y Estados Unidos.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor