Guillermo Alberto Hidalgo Montes
Ya han pasado dos años de la administración del Presidente López Obrador y los resultados en su administración han sido de claroscuros: crisis económica, pandemia, escándalos de corrupción tanto de administraciones pasadas como en la propia, etc. y en materia de seguridad no ha sido la excepción. Cifras nada halagadoras rebasando frecuentemente máximos históricos en diferentes tópicos de inseguridad mes a mes según organismos internacionales ONG´s o el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) quien hasta hace unos días era la fuente de información más confiable del país (ya que hace unos días nombró como Presidente del organismo a una persona afín a sus políticas).
Primero, el político Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien con su “basta experiencia en seguridad” se resume en: secretario particular del extinto Luis Donaldo Colosio Murrieta (quien fuera asesinado en 1994), portavoz en jefe y secretario particular del expresidente Vicente Fox, de ahí fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su dimisión el 30 de octubre de 2020 puesto que desempeñó de una manera más que cuestionable sin dejar resultados palpables. Debido a sus aspiraciones políticas en el norteño estado de Sonora sale al quite Rosa Icela Rodríguez, periodista y que se desempeñó como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, desde el 5 de diciembre de 2018 hasta el 26 de julio de 2020
La militarización de la seguridad, desde un experimento sucedido en la extinta PGR en 1997, pasando por la fallida “Guerra Contra el Narco” de Calderón, hasta la farsa que es la Guardia Nacional, ha producido el indeseable efecto de la ley del mínimo esfuerzo ya que, en lugar de aprovechar la presencia castrense en las calles para crear instituciones policiales sólidas, confiables y eficientes en los lugares que eran focos rojos de inseguridad por delincuencia común así como organizada, hizo que en muchos casos, tanto autoridades estatales así como municipales se sentaran cómodos a ver como los militares hacían el trabajo que, legalmente, les correspondía. Lo que agravó más la actual crisis de seguridad que, junto con los pésimos resultados económicos más la crisis de la pandemia causada por el COVID-19 ha dejado, ha puesto a nuestro México contra las cuerdas.
El error de la administración federal es el mismo de otras administraciones antecedentes. Es inconcebible nombrar como secretario de Seguridad Pública a alguien sin academia policial y muchas veces carentes de experiencia previa en puestos similares, tal y como son los dos casos anteriormente expuestos.
La esencia de la función policial es la doctrina, esa doctrina que solo se aprende en las instituciones policiales. Es por ello lo crítico que se vuelve la labor de las Academias de Formación Policial, o ¿Es acaso posible ser militar sin haber hecho el curso básico de formación o, en su caso, haber asistido al Heroico Colegio Militar?
La doctrina policial son el conjunto de Principios y Valores que comparte el Policía como individuo y la Institución Policial, donde se les inculca el arriesgar su físico, y en muchos casos, hasta la vida en aras de proteger al prójimo y hacer cumplir la ley.
Es por eso que ni los Durazo, ni las Rosa Isela, ni muchos otros darán resultados, porque no entienden cómo ejercer la Función Policial con coherencia de rol, es decir: cumplir cumpliendo; hacer respetar, respetando; ordenar obedeciendo; y lograr que los ciudadanos cumplan su deber poniéndoles el ejemplo, es decir no pueden ser algo para lo que nunca se prepararon.