@GuillermoAlbertoHidalgoMontes
Un laxo sistema de supervisión dejo que el oficial de policía Derek Chauvin, quien fuera culpable de una mala aplicación de una técnica de control que le provocara la muerte al ciudadano de descendencia afroamericana George Floyd.
Los antecedentes del oficial Chauvin, son extensos y ha estado envuelto en al menos cuatro casos de exceso en el uso de la fuerza en un lapso de 19 años de servicio como encargado de hacer cumplir la ley. Sin duda, la muerte de Floyd no es la raíz del problema que causa las manifestaciones en Estados Unidos, sin embargo, si es la gota que derramó el vaso.
Si realmente las unidades de Asuntos Internos investigaran de forma juiciosa cada uno de los casos y se castigara ejemplarmente a los policías que no cumplan cabalmente con su función, este y muchos casos pudieran ser prevenidos, es desgarrador ver como, por la mala aplicación de una técnica de control, la cual debería tener como fin último el restringir los movimientos de un probable responsable de un delito es la causante de forma innecesaria de la muerte un ser humano…se vuelve desconsolador ver el video de la intervención policial donde participan cuatro oficiales de policía y la mirada de Floyd se apaga lentamente bajo la rodilla de Chauvin sin que nadie le prestara importancia.
No todos los sistemas de defensa y/o pelea son aplicables a los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Por más famosos y/o vistosos que éstos sean, debemos recordar que el fin que buscan estos funcionarios es hacer cesar el delito. Para que una técnica de control sea policialmente aplicable tiene que cumplir cuatro requisitos indispensables:
- Una Base Ética.
- Una Base Jurídica.
- Una Base Psico-fisiológica.
- Una Base Táctica.
El colocar la rodilla en el cuello de Floyd y dejar caer su peso sobre el mismo va en contra de cualquier protocolo establecido en la materia
Ahora bien, esta desgracia sirve perfectamente para hacer un paralelismo de lo que pasa en México. El tema de Uso Legal de la Fuerza por parte de los cuerpos policiales en nuestro país de manera seria data de finales de la década de los noventa y ha costado mucho trabajo normar la Función Policial para evitar precisamente este tipo de casos que desgraciadamente aquí no son pocos.
En 2018 se trabajó un protocolo que fue elogiado por el propio Gobierno de Estados Unidos, avalado por el Comité Internacional del a Cruz Roja y por organismos de la sociedad civil (yo lo viví nadie me lo contó), fue fruto de más de un año de muchísimo trabajo por parte de muchas dependencias y expertos en policiología, derecho y derechos humanos, sin embargo, se dejó en el tintero, en su lugar, el 27 de mayo de 2019 se publicó una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es ambigua, tácticamente inoperante y tendiente a generar más víctimas tanto civiles así como policiales por no cumplir con lo mínimo establecido por instrumentos internacionales en la materia, por ejemplo: aún se usa la palabra “someter” donde uno de sus significados, según la Real Academia de la Lengua Española, es “humillar”. Si este concepto es asentado en el Informe Policial Homologado (IPH) por parte del Policía que realizó la detención si la defensa del probable responsable del delito tiene experiencia y conocimiento, invertirá la situación donde ahora, el Policía será el culpable.
Es importante vernos en el espejo de nuestro vecino del norte, donde una mala supervisión del personal permitió seguir operando a un oficial de Policía que a luces no era apto para serlo, tal y como pasa en la mayoría de las corporaciones en México, también es importante analizar lo que en materia de Uso de la Fuerza estamos haciendo para evitar a toda costa que se vulneren los derechos de los ciudadanos pero también los derechos de los policías que, a causa de leyes mal creadas no tienen claro bajo qué circunstancias cuánta fuerza utilizar para hacer cumplir la ley.
*El Mtro. Guillermo Alberto Hidalgo Montes, es especialista en seguridad pública y privada. Fue Director de la academia de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Puebla y Rector de la Universidad de Policía de la Ciudad de México.