¿Va En Serio La Expropiación Del Club Campestre de Tijuana?

*Este es el segundo intento expropiatorio contra el club

*Técnicamente la expropiación es posible, políticamente la duda

Por Jaime A. Canta

En 1970 ocurrió el primer intento expropiatorio del Club Social y Deportivo Campestre por parte del Gobierno del Estado pero resultó fallido, sin embargo la expropiación, antes como hoy, es técnicamente posible y depende en buena medida de la determinación que tenga el gobernador Jaime Bonilla Valdez de ejecutarla.

Desde un punto de vista técnico la expropiación puede tener éxito, pero el desenlace del proceso dirá a la población si es falsa, o verdadera, la motivación de utilidad pública o la venganza política que las partes en conflicto dicen que impulsa esta acción.

El 10 de noviembre de 1970 el gobernador de Baja California, Raúl Sánchez Díaz Martell promovió la expropiación de las 50.43 hectáreas que hoy ocupa el exclusivo club de golf y las colindancias al bulevar Agua Caliente. Aunque el decreto de Sánchez Díaz tenía carácter de utilidad pública y el propósito de convertir el lugar en parque público, algo similar a lo que pretende el actual gobernador Bonilla Valdez, la asociación civil del club y la empresa Inmuebles Californianos, S.A. (ICSA) promovieron una revocación administrativa del decreto que impidió la expropiación.

Raúl Sánchez Díaz, como Bonilla Valdez, estaba en el fin de su mandato cuando impulsó la expropiación, lo que puede llevar a pensar que su acción fue motivada con la intención de acarrearle simpatías del electorado a quien fue su sucesor, Milton Castellanos Everardo, pero es difícil creerlo porque eran tiempos de dominio total del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos. Como hoy en día las encuestas señalan como fuerte favorita a Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata del Partido Movimiento de Renovación Nacional (PMRN o Morena) en el cual milita Bonilla Valdez.

Por lo que es posible que el intento de expropiación de Sánchez Díaz en 1970 fue con la intención de dejar un legado social positivo de su administración en un momento en que particulares se disputaban legalmente la propiedad del club. Lo que aparenta ser la utilidad pública, conservadoramente hablando, la motivación del actual gobernador. Cabe la duda, ya que este se ha reunido una vez más con los representantes de la asociación civil del club para tratar el tema de la expropiación y, el hecho, ha provocado rumores y revive las suspicacias de cuáles beneficios particulares podría lograr Jaime Bonilla si finalmente no se ejecuta la expropiación.

Y es que el “sospechosismo” mexicano tiene una historia larga como lo ha sido la traslación de dominio del predio donde está instalado el exclusivo club. Su historia se remonta al primer acto de compra venta en 1926 cuando el general y gobernador del distrito norte de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, adquiere de Alejandro Argüello el terreno que albergó el lujoso complejo de Agua Caliente inaugurado en 1929 y, posteriormente, cerrado en 1937 por la expropiación ejecutada por el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas del Río.

A partir de este acontecimiento el área que comprendía el excelente campo de golf que fue sede de torneos internacionales de la PGA, los cuales otorgaban premios económicos exorbitantes para la época, la posesión de ese espacio ha tenido una historia pública poco transparente. En la página web del Club Campestre se dice de manera amplia en la sección “Nuestra Historia”, que en 1948 volvió a Tijuana Abelardo L. Rodríguez (luego de ser presidente sustituto de 1932 a 1934 y gobernador de Sonora de 1943 a 1948) y convocó a 35 ricos de la ciudad para recuperar el área del campo de golf.

“En esa junta, el Gral. Rodríguez les propuso la restauración del campo de golf de 18 hoyos que había sido parte del complejo de Agua Caliente. El General Rodríguez, cedía gratuitamente los terrenos – 70 hectáreas – y el único requisito que imponía era que estos terrenos se usaran solamente para ese fin”.

Entre los 35 ricos locales figuraban en primer lugar el gobernador en turno Alfonso García González, los empresarios y terratenientes Carlos Araico, Manuel y Miguel Barbachano, Miguel Bujazán, Manuel Contreras, David Cota, Mariano Escobedo, Rodolfo Gil, Octavio Lelevier, Antonio Martínez, Servando Osornio, Leopoldo Uribe, Armando Verdugo y Vicente Zaragoza.

En el sitio web del club no se explica cómo Rodríguez recuperó legalmente las 70 hectáreas que habían sido expropiadas por el Gobierno Federal. Las opciones pudieron haber sido a través de un trámite de desincorporación del predio del ámbito federal para que al pasar al ámbito privado se pudiera comprar por un particular. Otra, haber promovido la reversión de la expropiación de esas 70 hectáreas porque no se les habían dado, luego de pasados cinco años, el destino indicado en la declaratoria de expropiación, es decir, un uso de utilidad pública.

En el Registro Público y de Comercio de Tijuana consta una hoja de inscripción del juicio de prescripción positiva con fecha de 10 de juinio de 1970 y en los tres antecedentes que cita el documento no se advierte ninguna anotación relativa a un trámite de desincorporación o incorporación, ni de reversión de la expropiación. Sin embargo, de acuerdo a especialistas consultados, las anotaciones tienen fines publicitarios y carecer de ellas no quita el derecho a ser el propietario.

En otras palabras, la falta de publicidad de los propietarios en ese documento, ha creado la duda en ciertos observadores e interesados del tema de quién o quiénes son los legítimos dueños del predio que ocupa el Club Campestre. Pero por otro lado, la defensa de los intereses del club ha dicho que poseen los documentos certificados para probar la legítima propiedad del predio y denunciar públicamente que el Gobierno del Estado ha manipulado la documentación del Registro Público para perjudicarlos.

Es probable que la defensa de la asociación civil del Club Campestre de Tijuana, respaldada por reconocidos despachos jurídicos de Ciudad de México, este reservando mostrar los documentos que dice tener en el lugar y momento preciso, es decir, ante el juez correspondiente y evitar entrar en la dinámica mediática que ha creado el gobernador Jaime Bonilla.

El espectáculo mediático inició desde el momento que el gobernador anticipó en diciembre pasado que expropiaría el predio del club del Campestre antes de hacer pública la declaratoria, y al momento de asegurar que no les pertenece el terreno a los socios del club y, sí, a la sucesión Argüello.

Si el Gobierno del Estado dijo que indemnizaría a la sucesión Argüello, hizo suponer que no se tramitó una desincorporación del predio del ámbito federal y desconocen que tal sucesión (Aída Sullivan viuda de Rodríguez, que cedió los derechos a ICSA) recibió una indemnización de 42 millones pesos (unos 3.36 millones de dólares) en 1972 de parte de los socios del club para así finalizar el pleito legal que se tenía y obtener la certeza jurídica de la propiedad.

Pero recientemente el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ha comentado que el gobierno estatal tiene que desembolsar mil 230 millones de pesos (unos 63 millones de dólares) para indemnizar a los socios del Club Campestre de Tijuana. A eso habría que agregar 300 millones de pesos para adecuar el actual campo de golf a lo que sería el “parque temático Campestre” que contempla un lago, un anfiteatro, una pista de atletismo, canchas deportivas para tenis y fútbol. Más otros cinco millones de pesos para el mantenimiento del parque.

Pero habrá que ver cuáles son las verdaderas intenciones del gobernador Jaime Bonilla, si ejecutará la expropiación o, como a Sánchez Díaz, la defensa legal del Club Campestre le tumba con un recurso legal antes o después de su mandato la expropiación del predio, pero no olvidemos que está acción expropiatoria está en un contexto político distinto al de hace medio siglo. ©