TRANSPORTE PÚBLICO BAJO ATAQUE

Este no es un problema interno de transportistas: es un llamado de emergencia para el Estado de derecho.

Hoy es un taxi quemado; mañana podría ser una tragedia mayor.

Por Humberto Figueroa

Tijuana BC 25 de junio de 2025.- Las advertencias fueron claras. Se denunció a tiempo, se alertó con nombre y apellido, y se exigió acción. Pero el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) decidió mirar hacia otro lado. Hoy, la quema de una unidad perteneciente a un miembro de Permisionarios y Asociados Lavenant A.C. no es un hecho aislado: es la prueba irrefutable de que la omisión oficial ha convertido el silencio en cómplice.

Ya había una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Ya existía una alerta pública. Ya se conocían los actores y las amenazas. Aun así, IMOS ha optado por la inmovilidad, dejando que el conflicto escale a niveles que ponen en riesgo no solo el patrimonio de los transportistas, sino la seguridad pública.

En el centro de esta disputa, lo que está en juego no es sólo una ruta: es el principio de legalidad, el derecho al trabajo honesto y el respeto por quienes han construido con esfuerzo un servicio público esencial. Mientras Permisionarios y Asociados Lavenant A.C. representa la vía legal, formal y legítima, la contraparte opera con documentos sin firma, reuniones clandestinas y discursos fraudulentos.

Daniel García Tirado, líder de esta pseudo organización, ha perdido toda credibilidad. Traicionó acuerdos, simuló unidad y ahora pretende reagruparse con estrategias que rayan en el cinismo. A su lado, Salvador “Chava”, un personaje sin derecho ni representación, opera como el brazo ejecutor de la confusión y la amenaza.

Y mientras tanto, los verdaderos dueños de placas y unidades —los que pagan, trabajan y cumplen la ley— ven cómo su esfuerzo es pisoteado por un grupo que actúa como una mafia enquistada.

Agravando el conflicto, esta agrupación ilegítima ha manipulado incluso los señalamientos oficiales del IMOS, colocando anuncios como si fueran autorizaciones legítimas, usurpando funciones de la autoridad y generando confusión intencionada.

No solo intentan apropiarse de rutas que no les corresponden, sino que además se pasean campantemente por los sitios y bases de taxis establecidos, provocando enfrentamientos y sembrando el caos entre los trabajadores del volante.

IMOS tiene no solo la responsabilidad, sino la obligación de poner orden. Debe restituir los derechos al titular de la ruta, sacar a los invasores, y garantizar que la ley sea respetada por todos. No puede seguir actuando como observador pasivo cuando el sistema que le toca regular se está incendiando, literalmente.

Esto es un llamado de emergencia para el Estado de derecho. Hoy es un taxi quemado; mañana podría ser una tragedia mayor. La inacción tiene un precio, y cada día que pasa sin respuesta lo eleva peligrosamente.

Los permisionarios deben mantenerse firmes, unidos y alertas. No firmar, no ceder, no dialogar con quienes ya demostraron que su palabra vale menos que el papel sin membrete que reparten.

La Fiscalía debe actuar de inmediato. Debe investigar y sancionar, sin simulaciones ni pretextos, a quienes organizan, instigan o ejecutan actos de violencia, despojo o falsedad. Basta ya de tolerar estructuras criminales disfrazadas de agrupaciones civiles.

Estas personas no deben estar circulando ni paseándose por los sitios y bases de taxis donde no tienen ningún derecho ni reconocimiento legal, porque con su presencia provocadora no solo generan tensión y desorden, sino que ponen en grave riesgo el patrimonio, la estabilidad y la seguridad de los permisionarios y choferes de Permisionarios y Asociados Lavenant A.C. (PALAC), quienes trabajan con apego a la ley y en legítimo ejercicio de sus derechos.

Ante este escenario, las autoridades competentes, tanto municipales como estatales —especialmente el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS)—, deben actuar de inmediato, con firmeza y bajo el marco del Derecho, para restituir el orden, salvaguardar los derechos legales y poner fin a la ilegalidad que hoy amenaza al sector.

Tijuana exige que el transporte público vuelva a ser un espacio de servicio, no de conflicto. Los verdaderos permisionarios no están solos: tienen la fuerza de la legalidad, la unidad y la historia de su lado. Porque el transporte público no puede ser rehén de quienes lucran con el caos.