Radiografía Política – La Prohibición de Corridos Tumbados en Rosarito y el Silencio sobre el Reguetón

La reciente decisión de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, de prohibir las presentaciones de corridos tumbados y narco-corridos marca un hito significativo en la política cultural y de seguridad del municipio.

La medida, justificada bajo la premisa de «prevenir la promoción de conductas delictivas y preservar un entorno social saludable», abre un debate complejo sobre la censura, la libertad de expresión, la moral pública y la influencia de los intereses económicos.

La prohibición afecta directamente a un género musical de gran popularidad, especialmente entre los jóvenes, y plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para moldear el consumo cultural.

Sin embargo, la omisión de una postura clara sobre el reguetón es un punto ciego noticioso. La información destaca que las letras del reguetón a menudo contienen «connotaciones sexuales hacia las mujeres, retratándolas como objetos y perpetuando estereotipos machistas».

Esta disparidad en el criterio de censura es una arista fundamental que requiere una exploración más profunda. Por qué se aplica una vara de medir diferente a géneros musicales con contenidos también controversiales.

Esto solo lleva a la confrontación entre la voluntad gubernamental y el poder económico de los empresarios del entretenimiento. Esto sugiere una narrativa de «David contra Goliat» o de «intereses públicos vs. intereses privados», lo que añade tensión y seguimiento a la historia.

La afirmación de la alcaldesa es la piedra angular de la noticia. Sin embargo, la falta de una «opinión formada» sobre el reguetón por parte de la autoridad es una laguna informativa que debería ser cuestionada y profundizada en futuras coberturas.

Desde el ámbito político, la decisión de la alcaldesa Adame revela varias dinámicas:

La prohibición de los corridos tumbados y narco-corridos es una medida populista en el sentido de que busca responder a una preocupación social extendida sobre la violencia y la delincuencia, ademas de tratar de culparlos por los tiempos violentos que se viven en nuestro país. 

En palabras sencillas, es como querer culpar a los videojuegos de esta época por la violencia que azota a nuestro país.

Políticamente, esto puede interpretarse como un intento de la administración de proyectar una imagen de «mano dura» y de compromiso con la seguridad y el orden público.

La prohibición implica una intromisión del Estado en la esfera de la cultura y el entretenimiento, basándose en criterios morales.

Esto plantea el debate sobre hasta qué punto debe el gobierno regular el contenido artístico y si tiene la autoridad para determinar qué es «saludable» para el entorno social. Esta es una línea delgada que, de cruzarse indebidamente, puede ser percibida como autoritaria.

El silencio o la falta de acción con respecto al reguetón, a pesar de sus letras controvertidas, sugiere varias posibilidades políticas:

Es posible que el reguetón sea un género tan masivo y económicamente rentable que su prohibición generaría una resistencia mucho mayor por parte de promotores, artistas y el público, resultando en un costo político demasiado alto. La alcaldesa podría estar eligiendo sus batallas.

Sin embargo, al hacer esto deja de lado los derechos de las mujeres rosaritenses, ya que este tipo de genero habla de ellas como si fueran objetos sin valor.

Políticamente, los narco-corridos se asocian directamente con la apología del crimen organizado, un tema de alta sensibilidad y riesgo para la seguridad pública. El reguetón, aunque misógino para muchos, no se percibe de la misma manera como un promotor directo de la violencia del crimen organizado, pero contra la mujer.

Enfrentar al reguetón abriría un flanco de crítica mucho más amplio sobre la libertad de expresión y la censura de la sexualidad en el arte, lo que podría desviar la atención de los objetivos de seguridad de la administración.

En Rosarito, un municipio turístico, la industria del entretenimiento es vital. Los promotores de eventos y dueños de recintos tienen un poder económico significativo que puede influir en las decisiones gubernamentales, ya sea a través de cabildeo, presiones o incluso, como se insinúa, acuerdos «detrás de bambalinas». Esto pone a prueba la autonomía de la decisión política frente a los intereses comerciales.

Políticamente, la viabilidad de esta prohibición dependerá de su implementación efectiva. ¿Cómo se fiscalizará? ¿Se multará a los promotores? ¿Habrá resistencia por parte de los artistas o del público? La capacidad del gobierno para hacer cumplir la norma será un indicador clave de su poder y autoridad.

En conclusión, la decisión de la alcaldesa de Rosarito es un acto político con implicaciones culturales y económicas significativas. Si bien busca atender una preocupación legítima sobre la seguridad y la apología del crimen, su selectividad en la prohibición, al ignorar el reguetón, revela las complejidades y los posibles pragmatismos inherentes a la toma de decisiones políticas en un entorno donde los intereses económicos y las percepciones públicas juegan un papel crucial.

La verdadera prueba para esta política será su resistencia ante las presiones de la industria y su capacidad para generar un cambio real en el entorno social de Rosarito.