Punto Crítico – Legislar para la selfie

Las redes sociales se han convertido en una extensión informal —pero decisiva— del trabajo legislativo. Ahí, diputadas y diputados, senadoras y senadores, exhiben una actividad constante que, al menos en apariencia, transmite diligencia, cercanía y compromiso democrático. El problema es que, con demasiada frecuencia, la representación ha sido desplazada por la exposición, y la política ha comenzado a confundirse con su propia puesta en escena.

Nunca hubo tantos legisladores tan visibles ni tan pocos resultados claramente atribuibles a su trabajo. Se presumen módulos de atención abiertos todo el año, recorridos, reuniones, exhortos, puntos de acuerdo e iniciativas que rara vez alteran de manera significativa la realidad que dicen atender. La política se comunica mejor de lo que se gobierna.

Conviene decirlo con precisión: un demócrata no es quien acumula presencia, sino quien articula intereses sociales reales y los incorpora con seriedad a la agenda pública. No quien legisla por impulso, por conveniencia personal o por el deseo de destacar en un entorno saturado de ruido político. La representación no consiste en estar siempre disponible, sino en saber qué demandas merecen ser elevadas al rango de decisión pública y cómo hacerlo responsablemente.

Este desplazamiento de fondo ayuda a explicar el frenesí legislativo que atraviesa a congresos locales y al federal. Se reforma con prisa, se legisla con ligereza y se aprueban normas más preocupadas por su impacto mediático que por su viabilidad. La ley deja de ser un instrumento de orden y se convierte en un recurso narrativo, útil para demostrar actividad, aunque carezca de efectos positivos.

El ejemplo de los 40 minutos de estacionamiento gratuito en plazas comerciales, aprobado en Baja California en 2025, es ilustrativo. Presentada como una medida en favor del consumidor, la reforma avanzó sin un análisis serio de impacto, sin reglas claras de implementación y sin una reflexión mínima sobre sus consecuencias económicas y urbanas. El desenlace fue previsible: litigios, clausuras, costos trasladados indirectamente a los usuarios y una reducción efectiva de espacios disponibles.

No fue un accidente ni una reacción desproporcionada del sector privado. Fue el resultado lógico de legislar sin diagnóstico.

A este activismo normativo se suma una práctica aún más reveladora de la fragilidad del sistema representativo mexicano: la proliferación de exhortos y puntos de acuerdo. Se aprueban con facilidad, se anuncian con entusiasmo y se exhiben como logros parlamentarios, aunque en los hechos no sean más que pronunciamientos sin consecuencias. No vinculan, no obligan y casi nunca son atendidos por las autoridades a las que van dirigidos.

Son, en sentido estricto, llamados a misa.

El problema no es su existencia, sino su normalización como sustituto de la acción efectiva. Cuando el Congreso se acostumbra a exhortar en lugar de decidir, y a pronunciarse en lugar de corregir, termina enviando un mensaje inquietante: habla mucho, pero incide poco.

Este parlamentarismo declarativo no fortalece la democracia; la desgasta. Produce la ilusión de movimiento sin asumir el costo de gobernar. Multiplica normas irrelevantes y acuerdos inofensivos, mientras la confianza pública se erosiona lentamente.

La democracia no se mide por el número de iniciativas presentadas, ni por la frecuencia de publicaciones en redes, ni por la visibilidad del legislador. Se mide por la capacidad de transformar demandas sociales complejas en decisiones públicas responsables, aunque eso implique legislar menos y deliberar más.

Porque cuando legislar se vuelve espectáculo, la ley pierde autoridad.
Y cuando la ley pierde autoridad, la democracia deja de gobernar y empieza —silenciosamente— a fingirse.

Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.

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