16 de noviembre de 2024
En 1928 se instaló el complejo turístico Agua Caliente, siendo una fuente de trabajo y de apoyo para el gobierno en la construcción de obras públicas, entre 1930 y 1935 se formaron sindicatos de trabajadores de Agua Caliente

Una colaboración de Beatriz Aguilar Alejandrez.

Juan castillo Morales llamado por muchos tijuanenses como “Juan Soldado”, él fue un militar acusado de violar y matar a una niña de 8 años en febrero de 1938, el impacto social que esto provoco a nivel nacional ha trascendido hasta nuestros días, para entender el desenlace se tienen que explicar que estaba viviendo Tijuana en ese tiempo.

En 1928 se instaló el complejo turístico Agua Caliente, siendo una fuente de trabajo y de apoyo para el gobierno en la construcción de obras públicas, entre 1930 y 1935 se formaron sindicatos de trabajadores de Agua Caliente y Alba Roja con trabadores del hipódromo, en ese tiempo el presidente de la república Lázaro Cárdenas decreto la prohibición de los juegos de azar en todo el país, cerrando Agua Caliente. A esta inconformidad se le agrego que en enero de 1938 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana fallo en contra del Sindicato de Agua Caliente que deseaba expropiar parcialmente dicha propiedad para explotarla, dando inicio a protestas y toma de instalaciones del gobierno.

En ese contexto se suscitó el asesinato de la niña Olga Consuelo Camacho Martínez de 8 años, hija mayor del matrimonio entre Aurelio Camacho León y Feliza Martínez de Camacho, familia muy conocida y respetada en la comunidad que radicaban en las calles F y G en la zona centro de Tijuana, casi enfrente del mismo cuartel militar. Según lo descrito en las investigaciones el 13 de febrero de 1938 la pequeña Olga Camacho fue enviada por su madre a comprar carne a los abarrotes La Corona, tienda ubicada en la esquina de la misma cuadra de su casa, esa fue la última vez que se vio a la menor, siendo encontrado su cuerpo ya sin vida al día siguiente en un lote baldío a espaldas del cuartel militar, el dictamen del médico forense refiere que fue violada y que murió el 13 de febrero, aproximadamente a las 19 horas, siendo la causa de muerte hemorragia sobre aguda por presión en el cuello.

Después de las averiguaciones se halló culpable a Juan Castillo, resultando el autor material y moral del crimen, cabe aclara que las investigaciones fueron realizadas por 2 autoridades militares, 2 autoridades de la policía y un agente del ministerio público del fuero común declarándose incompetentes estos últimos por ser ese proceso de competencia militar, ante la admisión del caso los jefes de la segunda zona militar ordenaron se formara de inmediato consejo de guerra extraordinario que juzgara al acusado, entrando en funciones la tarde del 16 y el 17 de febrero se pronunció sentencia condenatoria a sufrir pena capital.

Mientras ese proceso se llevaba a cabo, se menciona que aproximadamente 1,500 personas se manifestaron en contra de las autoridades incendiando edificios de gobierno, ya que no confiaban en que se haría justicia y se sentían traicionados por los hechos acontecidos los últimos años, por lo que cegados por la ira buscaban justicia por su propia mano, linchando al culpable.

El 17 de febrero a las 8 horas fue fusilado Juan Castillo en el panteón municipal, donde estuvieron presente un buen número de personas, el periódico La Época público al día siguiente que se le había aplicado la ley fuga y este fue abatido al intentar huir, diversos autores mencionan que al día siguiente una señora coloco una piedra en su tumba con un letrero que decía: Todo el que pase por aquí ponga una piedra y rece un Padre Nuestro, acumulándose muchas piedras, esto aunado a la difusión y comentarios de la población de que Juan Castillo era inocente y había sido inculpado injustamente, iniciándose así la creencia de la muerte y ejecución de quien se convertiría en un mártir y personaje milagroso en las historias de Tijuana.

Juan Soldado descansa en su tumba en el panteón número 1 ubicado en la colonia Castillo de la ciudad de Tijuana.

La autora del artículo Beatriz Aguilar Alejandrez es colaboradora de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California
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@socifobc