Inseguridad Persiste en Rosarito: El Asalto al Párroco Evidencia el Fracaso de Rocío Adame

Playas de Rosarito BC 27 de noviembre de 2025.-En un nuevo golpe a la percepción de seguridad en este municipio costero, el sacerdote Roldán Antonio Sánchez Gamboa, párroco de la Iglesia Santísimo Sacramento, fue víctima de un violento asalto con arma blanca la noche del miércoles 26 de noviembre.

El religioso, quien se dirigía a un domicilio para atender un servicio pastoral, resultó lesionado y tuvo que ser hospitalizado en terapia intermedia.

Este incidente no solo resalta la vulnerabilidad de figuras comunitarias clave, sino que pone en evidencia el estancamiento en las políticas de seguridad impulsadas por la alcaldesa Rocío Adame Muñoz, quien, a pesar de sus reiteradas promesas y reportes de «avances», no ha logrado frenar la ola de violencia que afecta a residentes y visitantes por igual.

De acuerdo con el administrador apostólico de Tijuana, monseñor Mario Nicolás Villanueva Arellano, el ataque ocurrió en circunstancias que reflejan el «flagelo de las situaciones de inseguridad y violencia que se viven en nuestra sociedad».

Villanueva Arellano apeló a la justicia y llamó a la comunidad a ser «constructores de paz», mientras pedía oraciones por la recuperación del padre Roldán y su parroquia.

Sin embargo, estas palabras de consuelo contrastan con la realidad en las calles de Rosarito, donde incidentes como este se suman a una lista creciente de robos, balaceras y redes criminales que operan con impunidad.

A lo largo de 2025, la administración de Adame ha presumido de una supuesta reducción del 20% en la incidencia delictiva comparada con el año anterior, con acciones conjuntas entre la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y otras instancias que incluyen cateos, detenciones y recuperación de vehículos robados.

La alcaldesa ha encabezado mesas de seguridad y jornadas comunitarias, como la realizada en la colonia Venustiano Carranza, y ha destacado el refuerzo con nuevas patrullas y personal operativo a nivel estatal. Incluso, en eventos como el Baja Beach Fest en agosto, se desplegaron medidas extraordinarias para garantizar la tranquilidad.

Pero estos «logros» oficiales se desmoronan ante hechos concretos: en abril, un ataque armado en Los Arenales dejó cuatro personas lesionadas sin detenidos, y residentes locales denuncian balaceras frecuentes, mafia taxista y una infraestructura deficiente que agrava la inseguridad.

La crítica hacia Adame se intensifica al considerar que, pese a sus esfuerzos por posicionar a las mujeres en el centro de las políticas –como en la campaña contra el abuso sexual lanzada recientemente–, la violencia generalizada persiste.

En septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos destapó una red criminal en Rosarito vinculada a figuras políticas locales, aunque relacionada con la exalcaldesa Araceli Brown, lo que sugiere un legado de corrupción que la actual administración no ha erradicado por completo.

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La hospitalización de un párroco por un asalto callejero es una bofetada a las afirmaciones de progreso, y evidencia que las estrategias de Adame son más retórica que acción concreta.

Expertos en seguridad pública coinciden en que Rosarito necesita más que mesas de coordinación: urge una inversión real en vigilancia, inteligencia y prevención comunitaria.

Mientras tanto, la alcaldesa, quien asumió el cargo con promesas de cambio, parece más enfocada en informes positivos que en resolver el arraigo de la delincuencia.

La comunidad, incluyendo líderes religiosos como monseñor Villanueva, exige justicia y paz real, no solo llamados a la oración.

Si Adame no actúa con urgencia, incidentes como el del padre Roldán se convertirán en la norma, erosionando aún más la confianza en un gobierno que, hasta ahora, no da resultados.