Por: Obed Silva
Cuando a un exgobernador de Baja California, en su paso como director de la CESPT, le recriminaron el costo del metro cúbico del agua respondió; «no hay agua más cara que la que no hay».
Como economista, el exgobernador sabe que en el sistema capitalista la ley de la oferta y la demanda es la que rige el mercado, por tanto, el precio del agua como cualquier mercancía está sujeto a la oferta y la demanda.
De tal suerte que en Tijuana, al no contar con una fuente propia de abastecimiento, el precio del agua siempre tendrá una constante a la alza y mientras más difícil nos resulte a los tijuanenses acceder al agua más caro será el precio que tendremos que pagar.
En términos teóricos, la ley de la oferta y la demanda regula el mercado y se supondría que en la medida de que la producción industrial desplazó a la artesanal, las mercancías deberían ser más baratas pues se producen más a menor costo.
Lo cierto es que en la realidad eso no sucede pues la ambición por acumular riqueza dejó sin efecto la famosa Ley de la oferta y la demanda.
Con la revolución tecnológica la producción fue todavía más eficiente y por ende las mercancías resultaron más baratas pero eso tampoco significó que «habiendo mayor oferta los precios bajen».
En el caso del agua sucede lo mismo.
En la CESPT sus administradores siempre nos han dicho que «Dios nos da el agua pero no la entuba». De tal forma que hubo que agregar al precio del agua para Tijuana el costo del tubo del acueducto de Mexicali a Tijuana, su mantenimiento y la energía eléctrica de las inmensas bombas que «suben» el agua por la escarpada Rumorosa.
Como lo comenté en mi anterior colaboración, la cuota del agua que la CILA nos asigna a los tijuanenses resulta insuficiente en virtud del explosivo crecimiento de nuestra ciudad.
Entonces, ¿de dónde vamos a obtener agua potable?. La respuesta más fácil y redituable es; ¡del mar!
Y ahí es donde regresamos al asunto de la Ley de la oferta y la demanda.
Tijuana está ubicada geográficamente frente al gran Océano Pacifico que posee millones y millones de metros cúbicos de agua.
El único problema es que el agua del Océano Pacífico no es para consumo humano. Pero el desarrollo de la tecnológica permite «desalar» el agua del mar para convertirla en potable.
El asunto es que para obtener agua potable del mar se requiere de una gran e impresionante inversión, como en su momento se requirió para construir el acueducto que nos trae agua potable de Mexicali a Tijuana.
En aquel tiempo, el acueducto se construyó con un crédito obtenido por el gobierno del Estado, el cuál le pagamos en el recibo de la CESPT.
Con el paso de los años, los panistas endeudaron hasta el tope las finanzas estatales y a Tijuana la convirtieron en la ciudad más endeudada de México.
Con lo anterior, los gobiernos panistas lograron que la posibilidad de acceder a créditos para construir una desaladora que ayudará a contar con una fuente propia de agua potable a Tijuana se cancelará para siempre.
Frente a tal desgracia no quedó otra que ofrecer a la «iniciativa privada» que nos hicieran el favor de construir una desaladora para abastecer el creciente déficit de agua en Tijuana.
Hasta ahí todo iba bien pero, tal y como quedó documentado en diversos medios de comunicación, la asignación de contratos hecha por el último gobierno panista para el mencionado propósito, se convirtió en una pesadilla de corrupción y opacidad.
La ambición de los inversionistas y la corrupción panista llevó a que el proyecto de la desalinizadora en Playas de Rosarito se diseñará para producir cuatro veces más agua desalada de la que requiere Tijuana con el propósito de «exportar» el agua al vecino estado de California. Mientras tanto, la idea era que los tijuanenses pagaremos en nuestros recibos la «inversión».
¿Y las desaladoras son deveras la solución a la gran sequía que se nos avecina?
La respuesta en otra entrega.
NOMAS POR JODER:
Mientras que el Presidente López Obrador lucha por preservar los recursos naturales en manos de la Nación, los senadores de Morena aprobaron reformas a la Ley de Aguas Nacionales para que, sin mediar concesión o permiso, empresas privadas puedan extraer agua de nuestros mares y venderla para «uso doméstico».
Eso sí que es una traición a la Patria.