17 de noviembre de 2024
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Denuncian tráfico de influencias y corrupción en juzgados familiares

Por esas irregularidades, se sospecha de corrupción, y, el abogado Rubén Jiménez interpuso ya una queja ante el Consejo de la Judicatura,

Tijuana BC 22 de marzo de 2023.-La Juez Tercera de lo Familiar, Josefina Magaña Castillo, desacata una orden judicial a favor de Kathia Aimé Hernández León, para que le respeten su derecho de convivencia con su menor hijo Ángel Antonio Olivares Hernández, pese a contar la mujer con una orden judicial que le valida esa jurisprudencia.

Y no solo eso, la juez Josefina Magaña autorizó al padre tramitar el pasaporte del niño, sin firma de la madre, por lo que se advierte que quieren sacar al niño de México y, unilateralmente, llevárselo a Estados Unidos, y eso, debido a probables actos de tráfico de influencias y corrupción, sospecha el abogado Rubén Jiménez, quien ya interpuso una denuncia contra la juez Josefina Magaña.

Por principio de cuentas, indicó, la denuncia señala falta administrativa de la juez, por desacatar una orden judicial, y de ello se desprenderían las sospechas de las irregularidades consecuentes en probables actos de tráfico de influencias y corrupción.

El abogado Rubén Jiménez advierte que, como el caso de Aimé hay muchos (tal vez miles), en los que la ineficiencia administrativa o la corrupción en juzgados familiares, niegan derechos legítimos a padres, porque abunda el tráfico de influencias.

Kathia Aimé Hernández se separó de Óscar Olivares en el 2018 y, como consecuencia de ello, pidió la custodia del menor en un Juzgado de lo Familiar, custodia que le fue concedida, pero que, en el año de 2019, se quedó en pausa, debido a que, un día, al cruzar a Estados Unidos, le detuvieron por un cargo criminal de «mula ciega», situación que le llevó un año aclarar, y no podía regresar a México, hasta que un juez la absolvió de todos los cargos.

El problema es que, cuando volvió, su marido había aprovechado ese tiempo para promover una pérdida de la patria potestad bajo la presunción de que había ella sido sentenciada por un delito, lo cual no era cierto: había sido detenida, pero la sentencia, aunque tarde, fue de absolución, por lo que, promovió ella una contra demanda, para revocar la pérdida de la patria potestad, y, para pedir la custodia, o, por lo menos, el derecho de convivencia una vez a la semana con su hijo.

Después de eso, y, hasta la fecha, logró hace algunos meses que le entregaran una orden judicial para que le permita su ex el derecho de convivencia con el hijo de ambos, y, sin embargo, la juez tercera de lo familiar, Josefina Magaña Castillo, le negó el derecho de convivencia, pues, sostenía que había perdido el derecho por una sentencia penal -inexistente-.

En el transcurso de esos tiempos, Óscar Olivares le pidió a Kathia Aimé Hernández su consentimiento para tramitar pasaporte al hijo de ambos, Ángel Antonio Olivares Hernández, a cambio de dejarle ver al niño cada semana (en realidad estaba obligado a eso, por orden judicial, pero, quiso hacerse ver benevolente), y, ella asintió, con esa esperanza, de ver a su hijo; pero, Óscar Olivares no cumplió su palabra, por el contrario, logró que la juez Josefina Magaña le autorizara en 24 horas el permiso para que tramite el pasaporte del menor, sin la firma de la madre, y, hasta la fecha, van más de tres meses y la juez sigue impidiendo que Kathia Aimé Hernández vea a su hijo.

Por esas irregularidades, se sospecha de corrupción, y, el abogado Rubén Jiménez interpuso ya una queja ante el Consejo de la Judicatura, denunciando faltas administrativas de la juez Josefina Magaña, y, advierten que existe el riesgo de que Óscar Olivares se lleve a su hijo a Estados Unidos, para que Kathia Aimé no pueda volverlo a ver.

Óscar Olivares es abogado de lo familiar y, sus padres también, integrantes de un Despacho propio muy influyente, por lo que se sospecha que todo lo han conseguido en este caso a base de argumentos legaloides, tráfico de influencias, y corrupción, lo cual es muy recurrente en los juzgados familiares, observa el abogado Rubén Jiménez.