CONTRASTE – LA IMPUNIDAD COMO DOCTRINA Y EL MANTO DE LA INMACULACIÓN

No importa el delito, la traición o la corrupción; basta con abrazar la causa guinda para que el manto de la inmaculación cubra cualquier mancha.

La noche del 25 de marzo marcó otro episodio vergonzoso en la historia política de México. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados decidió blindar a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, rechazando su desafuero pese a las graves acusaciones en su contra.

Un hecho que confirma lo que ya es una constante en el régimen morenista: la impunidad como doctrina de gobierno.

No importa el delito, la traición o la corrupción; basta con abrazar la causa guinda para que el manto de la inmaculación cubra cualquier mancha. La “purificación” es automática: no hay proceso judicial ni acusación mediática que pueda penetrar ese blindaje político. Y si la oposición dice algo, su voz se pierde entre el ruido del circo legislativo.

Justicia secuestrada

Cuauhtémoc Blanco, figura que pasó del fútbol a la política con la misma destreza con la que driblaba defensas, se encuentra en el centro de una acusación por intento de violación contra su media hermana, Nidia Fabiola. Un caso que, en cualquier democracia funcional, ameritaría al menos una investigación sin interferencias políticas. Pero en México, el fuero es el escudo dorado que permite a los aliados del poder reírse de la justicia.

MORENA, junto con sus aliados del PRI y el PVEM, decidieron que Blanco debía quedar intocable. No importan las denuncias, no importan las pruebas, no importa el mensaje que se envía a las víctimas. En este país, ser parte de la élite gobernante es más efectivo que cualquier defensa legal.

El ritual de la inmaculación

El caso de Blanco no es aislado. Félix Salgado Macedonio, acusado de múltiples agresiones sexuales, fue candidato a gobernador de Guerrero con el respaldo del partido en el poder. A pesar de los escándalos, su hija gobierna el estado como si nada hubiera pasado. La inmaculación es un proceso sencillo: unirse a MORENA, levantar el puño en señal de lealtad y, de inmediato, la justicia deja de ser un problema.

Pero no solo los hombres son beneficiarios de este manto protector. Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidente de México, tiene en sus manos la oportunidad histórica de cambiar este patrón. Sin embargo, su silencio en casos como el de Blanco es ensordecedor. La inmaculación no distingue género, solo afiliación política.

La impunidad institucionalizada

Las cifras son elocuentes: en México, el 94.8% de los delitos quedan impunes. El sistema de justicia está colapsado, no porque falten leyes, sino porque el poder se ha encargado de vaciarlas de contenido. ¿Para qué denunciar si el resultado es predecible? La desesperanza se convierte en norma, y el pacto de impunidad entre políticos de todas las fuerzas sigue intacto.

La indignación ciudadana no basta cuando quienes tienen el poder de hacer justicia han decidido que es más rentable mirar hacia otro lado. En este México, los delincuentes se visten de impoluto blanco guinda mientras la sociedad queda atrapada en la oscuridad de la injusticia.

Un país que convierte en intocables a sus peores figuras no puede aspirar a ser justo. Y cuando la oposición es incapaz de movilizar a la sociedad, también es cómplice del desastre.

El costo de la sumisión legislativa

La Cámara de Diputados ha demostrado una vez más que su lealtad no está con el pueblo, sino con el poder que los coloca y los mantiene en sus escaños.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es solo un reflejo de un sistema donde los legisladores no son representantes de la ciudadanía, sino operadores políticos de una maquinaria que premia la obediencia y castiga la autonomía.

Lo sucedido el 25 de marzo no solo es una traición a las víctimas, sino una confirmación de que el Congreso ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en un cómplice del abuso.

¿Y la sociedad?

La impunidad no es solo culpa de quienes la permiten, sino también de quienes la toleran. Mientras la indignación ciudadana se limite a las redes sociales y no se traduzca en una presión real sobre los actores políticos, el manto de la inmaculación seguirá cubriendo a quienes deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia.

México no puede seguir siendo un país donde la memoria es corta y la indignación es pasajera. Si la sociedad no despierta, el régimen guinda seguirá perfeccionando su estrategia de impunidad, consolidando un país donde los poderosos nunca caen y las víctimas nunca obtienen justicia.

Otros sin consecuencias

Además de Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio, otros miembros de Morena han enfrentado acusaciones graves sin consecuencias legales significativas:

• Norma Otilia Hernández: Exalcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, fue señalada en julio de 2023 por reunirse con Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Aunque argumentó que el encuentro fue fortuito y se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, su administración estuvo marcada por la violencia. Finalmente, en septiembre de 2024, Morena decidió expulsarla del partido.

• René Bejarano: Conocido por el escándalo de los “videoescándalos” en 2004, donde fue captado recibiendo dinero ilícito, Bejarano fue detenido y encarcelado por delitos electorales y uso de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en 2007 fue absuelto por “falta de pruebas” y posteriormente se unió a Morena, donde actualmente lidera el Movimiento Nacional por la Esperanza, una agrupación afín al partido.

• Carlos Ímaz: También implicado en los “videoescándalos” y exesposo de Claudia Sheinbaum, Ímaz fue sentenciado a tres años de prisión por recibir dinero ilícito. No obstante, tras una apelación, fue exonerado y ha mantenido una relación cercana con figuras prominentes de Morena.

Estos casos reflejan una tendencia preocupante dentro de Morena, donde figuras acusadas de actos ilícitos han logrado evadir consecuencias legales o han sido reincorporadas al partido sin mayores repercusiones.

Además de los casos previamente mencionados, varios miembros de Morena han sido señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas o con el crimen organizado:

• Azucena Cisneros Coss: Diputada local por Ecatepec, Estado de México, fue investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debido a su presunta relación con Alejandro Gilmare N., alias “El Choko”, líder de la organización criminal “La Chokiza”. Esta célula delictiva ha sido vinculada con actividades como préstamos ilegales, extorsiones y tráfico de estupefacientes. La investigación se inició tras la difusión de videos en los que la legisladora aparece junto a “El Choko”, quien porta armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

• Alma Nidia Tapia Quintero: En 2023, fue electa síndica de Tacuichamona, Culiacán. Se le señaló por ser supuestamente hermana de José Guadalupe Tapia Quintero, identificado como uno de los principales operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. A pesar de estos señalamientos, no se han reportado acciones legales en su contra.

• José Ramón Enríquez Herrera: Senador de la República, fue vinculado en una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con los hermanos José Luis, Alberto y Alejandro Cabrera Sarabia, señalados por traficar heroína para el Cártel de Sinaloa. Se le acusó de presentar a Gerardo Soberanes, alias “El G-1”, operador de los Cabrera Sarabia, como su “compadre” y financiador de campañas políticas.

• José Paz López Elenes: Alcalde de Badiraguato, Sinaloa, propuso la creación de un “Museo del Narco” en la cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con una inversión de 15 millones de pesos del erario público. Aunque la propuesta generó controversia, no se han reportado consecuencias legales en su contra.

• Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, ha defendido públicamente a políticos y empresarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como Alma Tapia Quintero y Jesús Vizcarra Calderón. A pesar de las críticas, no se han iniciado investigaciones formales en su contra.

Estos casos reflejan una preocupación creciente sobre la posible infiltración del crimen organizado en la política mexicana y la necesidad de investigaciones exhaustivas para garantizar la integridad de las instituciones.

Lic. Ricardo Cano Castro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, con Maestría en Docencia y formación complementaria en Filosofía y Desarrollo Humano. Profesional con experiencia en el sector público como asesor en Regidurías y en el ámbito educativo, destacándose como director de instituciones privadas de nivel medio superior. Emprendedor apasionado por el desarrollo integral de las personas, con un profundo compromiso con la filantropía y la construcción de un impacto positivo en la sociedad. Además, orgulloso padre de familia y promotor de valores humanos en todas sus actividades.