CONTRASTE – LA CRISIS DE LA POLICÍA EN BC, ¿QUIÉN ESTÁ FALLANDO?

Recientemente la cascada de escándalos en las corporaciones policiales de Baja California ha generado un clima de desconfianza.

En Baja California, la seguridad pública atraviesa uno de los momentos más complejos y desafiantes de las últimas décadas. La creciente violencia, la debilidad institucional, el déficit de personal operativo, los escándalos internos y la desconfianza ciudadana convergen en un escenario donde las corporaciones municipales —principal frente contra el delito cotidiano— parecen sobrepasadas y sin rumbo claro.

Y ahora, con el arribo de fuerzas federales a Tijuana en el marco de una nueva estrategia nacional, se abre un nuevo capítulo que no necesariamente augura soluciones estructurales si no se resuelve primero la crisis de fondo: la del modelo de policía en el estado.

DESPLIEGUES EXTRAORDINARIOS

La muerte de la oficial Abigail Esparza Reyes, ocurrida el 9 de abril de 2025 durante un operativo de alto riesgo, expuso no solo la peligrosidad de la labor policial, sino las deficiencias en protección, planeación táctica y coordinación binacional.

Esparza pertenecía a una unidad encargada de capturar fugitivos estadounidenses. Su deceso, a manos de César Moisés Hernández —condenado por asesinato en EE.UU. y prófugo desde diciembre de 2024—, provocó indignación pública y una ola de críticas al aparato de justicia transfronterizo.

La ausencia de protocolos eficaces en la detención de delincuentes de alta peligrosidad, y la precariedad de los recursos con los que operan muchas de estas unidades, son síntomas de un sistema en crisis.

Para empezar, Tijuana enfrenta un déficit alarmante de personal policial: con solo 2,000 agentes activos, se ubica muy por debajo de los 4,800 recomendados para su densidad poblacional. Para este año, solo se proyecta la incorporación de 16 nuevos oficiales, una cifra claramente insuficiente ante la magnitud de los retos. Mientras se intensifican las campañas de reclutamiento, la percepción ciudadana es de abandono e ineficiencia.

En este contexto crítico, el 14 de abril sorprendió la presencia de un convoy federal en Tijuana. Un conjunto de unidades del Gobierno Federal, bajo el nuevo mando directo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue visto patrullando diversas zonas.

Este despliegue se da en el marco de la reestructuración nacional en materia de seguridad, que otorga a la SSPC mayores facultades en inteligencia, coordinación y control operativo. Si bien aún no se ha oficializado su integración a tareas locales, su presencia abre la puerta a intervenciones federales más agresivas, lo cual podría aliviar momentáneamente la carga sobre las fuerzas municipales… o evidenciar su obsolescencia funcional.

LA APUESTA METROPOLITANA

En Playas de Rosarito, la situación es aún más frágil. La intervención de la FESC el 6 de marzo de 2025 marcó un punto de quiebre: 180 agentes estatales asumieron las tareas de vigilancia y patrullaje en lugar de la policía municipal, como respuesta al deterioro operativo. Esta sustitución, disfrazada de cooperación, evidencia el colapso de capacidades locales y el vacío de mando en cuerpos que no lograron profesionalizarse ni mantener la confianza ciudadana.

Como intento de regionalización, los gobiernos de Tijuana, Rosarito y Tecate acordaron en enero la creación de una Policía Metropolitana, una fuerza táctica conjunta para patrullajes e intercambio de información en zonas compartidas.

La intención es correcta; el riesgo es que la unión de tres debilidades no genere fortaleza, sino una burocracia más ineficaz si no se acompaña de formación integral, rendición de cuentas y recursos suficientes.

En Mexicali, el panorama no es menos paradójico. Si bien se ha invertido significativamente en renovar el parque vehicular y equipamiento táctico, la prensa local ha documentado que muchas patrullas no pueden operar por falta de agentes capacitados. Esta desconexión entre inversión en infraestructura y falta de personal revela un problema estructural: se está equipando a una policía que no existe en número suficiente para desplegarse.

La graduación reciente de 25 nuevos agentes, correspondiente a la 56ª generación de la Academia de Policía, representa un pequeño avance, pero absolutamente insuficiente frente a los requerimientos reales del municipio.

POLICÍAS IMPLICADOS

El colapso moral de las corporaciones no es menos grave que su colapso técnico. La reciente detención de seis policías municipales de Ensenada por su presunta participación en la desaparición de varios jóvenes en el Valle de Guadalupe, específicamente en el Ejido El Porvenir, representa un escándalo mayúsculo. Según informó la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, dos elementos más se encuentran prófugos.

Este caso no sólo pone en entredicho la legitimidad de los cuerpos municipales en Ensenada, sino que refuerza la percepción de que algunos uniformados no combaten el crimen, sino que lo cometen.

LA PERCEPCIÓN SOCIAL

En 2025, más de 750 elementos de la Policía Municipal de Tijuana serán sometidos a exámenes de control y confianza, una estrategia que busca depurar a los elementos no aptos y elevar la profesionalización. Sin embargo, estas pruebas también dejan al descubierto la debilidad del sistema de ingreso y permanencia: si se requiere evaluar a casi el 40% de la fuerza, el mensaje es claro —la institucionalidad está siendo cuestionada desde sus cimientos.

Por otra parte, la revelación a finales del mes de enero de este año de que más de la mitad de los policías municipales de Tecate reprobaron los exámenes de control y confianza constituye un indicio alarmante del nivel de deterioro institucional en una corporación que, por norma, debe ser garante de la legalidad. De los 189 elementos evaluados, únicamente 89 fueron considerados aptos, lo que implica que el 52% del cuerpo policial carece de la acreditación mínima para ejercer funciones de seguridad pública. Esta situación no solo representa una violación flagrante al marco normativo en materia de profesionalización policial, sino que también expone a la ciudadanía a la actuación de agentes que no cumplen con los estándares éticos, psicológicos o de confiabilidad necesarios para portar un arma, aplicar la ley o interactuar con civiles.

En Playas de Rosarito, recientemente, el hecho de que 122 de los 277 policías municipales de Playas de Rosarito hayan sido declarados no aptos tras ser evaluados mediante exámenes de control y confianza, confirma la crisis estructural que atraviesa el modelo de seguridad pública municipal en Baja California.

Por si fuera poco, la imagen pública de las policías está profundamente deteriorada. Los escándalos de corrupción, los abusos de autoridad, los operativos fallidos, las desapariciones y la violencia desbordada han generado un clima de recelo. La ciudadanía exige transparencia, protección laboral para los buenos elementos, y depuración inmediata de quienes traicionan el uniforme.

Incluso gestos como el cubrimiento de los gastos funerarios de agentes caídos en servicio, que en otros contextos representarían un acto de justicia, se han convertido en símbolo de precariedad: si faltan recursos para enterrar a los policías, ¿habrá para protegerlos vivos?

FEDERALIZACIÓN O REFORMA

El ingreso de fuerzas federales en Tijuana —aún sin funciones claramente definidas— no es en sí mismo una solución. Puede representar un alivio inmediato en zonas calientes, pero no reemplaza el proceso de reconstrucción institucional que requiere el sistema de seguridad municipal y estatal.

La presencia de la SSPC, con mayores facultades y presencia en ámbitos como puertos, aeropuertos y carreteras, forma parte de una estrategia nacional más amplia. Pero si Baja California no fortalece sus propios cimientos, dependerá eternamente de operativos externos que no tienen permanencia ni vínculo comunitario.

A LO PROFUNDO

La crisis de las policías municipales en Baja California es resultado de años de abandono presupuestal, improvisación política y falta de voluntad para dignificar el servicio público policial. Mientras se anuncian estrategias metropolitanas, se firman acuerdos intergubernamentales y se despliegan fuerzas federales, el policía de a pie sigue sin respaldo suficiente, sin garantías laborales y enfrentando una delincuencia cada vez más organizada y violenta.

No se trata de multiplicar patrullas, sino de multiplicar capacidades humanas. No se trata solo de pruebas de confianza, sino de construir instituciones confiables. Y no se trata de federalizar la seguridad por incapacidad local, sino de reformar, desde las bases, una policía que hoy está más cerca del colapso que del cumplimiento de su misión constitucional.

La pregunta permanece: ¿quién está fallando? Y la respuesta es incómoda, pero inevitable: están fallando todos los niveles de gobierno que han optado por respuestas parciales, mientras la ciudadanía sigue esperando protección, justicia y un Estado que se haga presente no sólo con convoyes, sino con compromiso auténtico.

Lic. Ricardo Cano Castro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, con Maestría en Docencia y formación complementaria en Filosofía y Desarrollo Humano. Profesional con experiencia en el sector público como asesor en Regidurías y en el ámbito educativo, destacándose como director de instituciones privadas de nivel medio superior. Emprendedor apasionado por el desarrollo integral de las personas, con un profundo compromiso con la filantropía y la construcción de un impacto positivo en la sociedad. Además, orgulloso padre de familia y promotor de valores humanos en todas sus actividades.

Esta columna no refleja la opinión de Plural.Mx, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor