CONCESIÓN EXPRÉS Y AUTOPISTA DORADA: EL SEGUNDO PISO QUE TIJUANA NO PIDIÓ

Tijuana BC 19 de marzo de 2025.-Tijuana, la ciudad de los atascos eternos y las obras interminables, se prepara para recibir un lujoso segundo piso de peaje entre el Nodo Morelos y la Garita de Otay. Un regalo de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien, en un acto de audaz generosidad, otorgó una concesión a 30 años a la flamante empresa Supervía Bajacaliforniana Elevada de Tijuana S.A.P.I., constituida apenas un día antes de que se le entregara la concesión.

Porque nada dice “transparencia” como dar un contrato millonario por adjudicación directa a una empresa recién nacida.

Peajes, concesiones y plazos a modo

La compañía, conformada por IDINSA y PRODEMEX, tiene 33 meses para construir la vialidad elevada de 12 kilómetros. Eso sí, con una condición: no están obligados a mover ni un ladrillo hasta que cierren el financiamiento. Y para ello, tienen 10 meses… que podrían extenderse dos veces más. Porque, ¿qué mejor que un proyecto con prórrogas preaprobadas para que no haya presiones?

Y como en cualquier historia de infraestructuras en México, si las cuentas no cuadran, siempre se puede renegociar la concesión para restablecer el «equilibrio económico». En palabras más claras: si el negocio no es tan redondo como esperaban, el gobierno puede entrar al rescate.

¿Y si hay que expropiar? No se preocupen, el gobierno lo resuelve

Si hay propiedades privadas en el camino, la concesionaria tiene seis meses para reunir el dinero y comprarlas. Pero, si el presupuesto se les queda corto, pueden pedir ayuda al Estado para negociar… o expropiar. Porque no hay mejor manera de demostrar que un proyecto es para el beneficio público que quitándole terrenos a los ciudadanos para dárselos a una empresa privada.

Pero eso sí, la empresa podrá renunciar a la concesión sin consecuencias si el gobierno no cumple con su parte. En resumen: negocio blindado para la concesionaria, riesgo cero para ellos y todo el peso de las decisiones en el gobierno estatal.

Tarifas a su antojo y sin subsidio

Una vez que la vía esté operativa, la concesionaria podrá cobrar lo que quiera. Sin límite. Sin regulación de tarifas. Sin subsidios.

Los automovilistas tijuanenses que esperaban una solución pública para mejorar la movilidad ahora deberán pagar para usar esta autopista de lujo, mientras el gobierno se lleva apenas el 0.58% de los ingresos brutos de la empresa. Un porcentaje tan bajo que bien podría destinarse a comprar unas cuantas banquetas, porque las carreteras seguirán siendo negocio privado.

Un proyecto “de interés público” con intereses privados

Lo curioso es que la empresa Riobóo, propiedad del ingeniero José María Riobóo, cercano al expresidente López Obrador, fue mencionada en un inicio como parte del proyecto, pero desapareció del título de concesión. Algo que sin duda podría interesar a los seguidores de las coincidencias políticas y los contratos poco claros.

Mientras tanto, el gobierno de Baja California ya publicó su Declaratoria de Necesidad, dejando claro que esta obra es esencial para la movilidad de la ciudad. Que la ciudadanía no haya sido consultada o que la concesión se haya entregado sin licitación son, al parecer, detalles menores.

El segundo piso de los elegidos

El proyecto contempla seis carriles con un cobro de peaje digital que permitirá el tránsito sin detenerse. De esos seis carriles, uno será confinado para transporte público, porque no todo puede ser exclusivo para quienes puedan pagar.

Según los documentos oficiales, este segundo piso reducirá de 40 a 14 minutos el tiempo de traslado. Claro, para quienes puedan costearlo. Para los demás, la congestión en las vialidades de abajo seguirá igual o peor, pues el dinero para mejorar el tráfico general ahora está destinado a esta autopista de cuota.

Y así, Tijuana se prepara para recibir una obra donde lo único seguro es que el usuario pagará y el gobierno observará.

Concesión de 30 años, tarifas a discreción, subsidios inexistentes y la posibilidad de extender el contrato hasta que la empresa recupere su inversión más su Tasa Interna de Retorno. Un negocio redondo… pero solo para unos cuantos.

Porque en Baja California, si la movilidad es un problema, la solución no es mejorar el transporte público ni la infraestructura existente. La solución es privatizar la carretera y cobrar peaje.

Fuente: La Sombra del Poder Ejecutivo